Sumar reactiva en su primera propuesta de ley despenalizar las injurias a la Corona o los ultrajes a símbolos nacionales
Plantea cambiar el enaltecimiento del terrorismo por un agravante en el Código Penal contra vejaciones y humillaciones a las víctimas
Sumar ha optado en su primera proposición de ley por reactivar la reforma del Código Penal para suprimir los denominados delitos de opinión, como son las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales.
También para el caso del enaltecimiento del terrorismo que se suprimiría de cara a evitar casos de condenas a cantantes y artistas, incorporando en su lugar un agravante en el artículo que pauta la alevosía ante humillaciones o vejaciones a las víctimas, con la finalidad de darles una cobertura de protección reforzada.
Así lo recoge la iniciativa registrada este viernes en la Cámara Baja por el grupo confederal y presentada en rueda de prensa por el dirigente de IU y diputado, Enrique Santiago; quien ha desgranado que Sumar aspira a dar un paso decisivo en esta legislatura en el blindaje de la «libertad de expresión» y «recuperación de libertades públicas» que, a su juicio, fueron recortadas durante la etapa del PP en el Gobierno.
BLINDAJE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Es más, el parlamentario ha apuntado que ese cuerpo de figuras penales hacen que España constituya una «anomalía» dentro de la Unión Europea, dado que no figuran en las distintas legislaciones de los países comunitarios. Una situación que ha motivado, tal y como ha relatado Santiago, que la corte europea de derechos humanos (el Tribunal de Estrasburgo) haya «sacado los colores» a España en distintas resoluciones.
El último caso que ha citado es el reciente fallo de esta instancia europea, que aprecia vulneración de la libertad de expresión del sindicalista Pablo Fragoso, quien incitó a la quema de la bandera en protestas laborales que se registraron ante el Arsenal de Ferrol en el año 2014 y condena a Estado a indemnizarlo.
Durante su comparecencia, Santiago ha recordado que en la anterior legislatura se tomaron en consideración dos propuestas de ley sobre esta materia y que no llegaron a completar su tramitación, por lo que Sumar ha decidido estrenar su casillero legislativo con un nuevo texto «más completo» para acometer esta reforma del Código Penal.
LA CASA REAL SEGUIRÁ PROTEGIDA EN LOS DELITOS DE INJURIAS
Así, ha defendido que debe dejarse sin efecto el delito contra los sentimientos religiosos o escarnio público a las distintas confesiones, por ser «innecesario» al estar las creencias protegidas por distintos artículos como la libertad religiosa y se concilia mejor la «crítica civilizada».
Igual criterio ha apuntado respecto a las injurias a la corona, que ha motivado sentencias de Estrasburgo contra España, dado que su derogación no genera «indefensión» a la Casa Real, pues seguirá protegida como cualquier persona por los delitos de injurias, calumnias o vulneración del honor.
También pauta la supresión del delito de ultrajes a la patria y ha recordado que incluso un magistrado del Tribunal Constitucional, propuesto por el PP, ya emitió en una resolución un voto particular en el que manifestaba que dicho tipo penal «no tenía razón de ser». Por tanto, Santiago ha afirmado que la legislación penal ya tiene mecanismos suficientes para proteger a las instituciones sin limitaciones a la libertad de expresión.
Sumar también pauta la eliminación de las injurias a la nación, un delito que estaba dirigido a actos contra el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional y que prácticamente no se ha aplicado. Al igual que en el caso de la corona, el grupo parlamentario considera que a estos órganos tiene la protección de los delitos de injurias, calumnias y derecho al honor.
EVITAR LOS CASOS DE LOS TITIRITEROS O EL CANTANTE DE DEF CON DOS
En el caso del enaltecimiento del terrorismo, el portavoz parlamentario de IU ha apuntado que se busca su reconfiguración tras expresar su sorpresa de que se endureciera en 2015, junto al impulso de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando ETA o los GRAPO ya estaban desaparecidos.
Y es que ha destacado que esta figura penal ha motivado sentencias que comprometen la libertad de expresión, como el caso de cantantes (como los raperos Pablo Hasél o Valtónyc) y la causa contra los titiriteros en Madrid. Por ejemplo, ha recordado que el Constitucional anuló la condena contra el vocalista del grupo Def con Dos César Strawberry.
Tras apuntar que ya existen suficientes mecanismos para proteger a las víctimas del terrorismo, Santiago ha desgranado que también plantean otorgarles en el Código Penal una protección reforzada con un agravante del artículo 22 que menciona expresamente como delito humillaciones y vejaciones al colectivo, sin limitar así la libertad de expresión.
Además, Sumar plantea en su proposición la reforma del artículo 538 del Código Penal que pauta la inhabilitación para agentes de la autoridad o funcionarios públicos (de seis a diez años) que, fuera de los casos permitidos por la legislación, requise libros y periódicos o suspenda contenidos en internet o emisiones de radiotelevisión. Unido a ello también fija la inhabilitación para personal público que impida el ejercicio de libertad de expresión de forma colectiva a personas por encuadrarlas en organizaciones sindicales.