El presidente del TSJC pide un pacto de Estado y acabar con la «politización» de la Justicia

Critica las acusaciones de «justicia patriarcal» y avisa que «limitar la independencia del poder judicial aboca a sistemas autoritarios»

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, ha reivindicado un pacto de Estado que «supere intereses partidarios» y elimine «conductas polarizadas» para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A su juicio, lo «más grave» de esa falta de renovación es la «imagen de politización» de la justicia que se transmite a la sociedad, ya que ha advertido que «todos los intentos de limitar la independencia del poder judicial abocan a sistemas autoritarios».

López del Moral cree que han contribuido a generar esa idea de politización hechos como que «altos cargos» hayan hablado de «machismo» y de «justicia patriarcal» acusando a jueces de haber resuelto asuntos «no conforme a lo que establece la ley, sino a otros criterios».

«Desde luego está bien claro que en este país no somos los magistrados quienes tenemos interés en dejar sin efecto condenas impuestas por sentencia firme o reducir su duración», ha sentenciado en alusión a la rebaja de penas propiciada por la ley del solo sí es sí .

Y ha remarcado que la crítica hacia las resoluciones judiciales es «absolutamente legítima», pero no entiende que se diga que jueces que «habían dictado sentencias muy severas por hechos extraordinariamente graves tenían posteriormente un interés en dejarlas sin efecto».

El presidente del TSJC ha hecho esta crítica durante el acto de apertura del año judicial en la comunidad autónoma, en la que ha repasado la problemática a la que se enfrenta la justicia en este periodo y que en su opinión «ha cambiado poco desde el año pasado, y si ha cambiado ha sido para agravarse».

En este punto se ha referido a las huelgas que han marcado este año, y que han sido un «lastre» para la administración de justicia «mayor de lo que lo fue la pandemia», o la falta de renovación del CGPJ, lamentando que no han dado frutos ni los llamamientos de la Unión Europea ni la dimisión de Carlos Lesmes como presidente de este órgano tras la falta de acuerdo entre PP y PSOE para renovarlo.

Las consecuencias son «más del 30%» de plazas de magistrados vacantes, audiencias y tribunales superiores de las comunidades sin renovar y «toda la jurisdicción afectada», ha lamentado López del Moral durante su intervención en esta cita, celebrada en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas de Santander tras la apertura de tribunales en el Supremo el pasado 7 de septiembre.

El responsable del TSJC ha reconocido que las huelgas –aunque son «absolutamente legítimas» y han surgido por asuntos como que algunas leyes que se esperaban «desde hace 20 años se han quedado por el camino»– han causado un «enorme perjuicio a los ciudadanos», ya que los profesionales de este sector no han podido cumplir «con plenitud» su misión de proteger sus derechos.

No obstante, ha hecho suyo el mensaje de optimismo trasladado por el presidente del Tribunal Supremo de que «de toda crisis surgen posibilidades de mejora».

Para ello, ha defendido alcanzar un pacto social y político fruto del diálogo entre las fuerzas políticas y los operadores jurídicos, que «supere intereses partidarios», ponga el foco en la independencia del poder judicial y elimine «conductas polarizadas».

«Si lo hacemos, conseguiremos el objetivo obligado de renovar el poder judicial» y las condiciones de trabajo, la agilización de los procedimientos y, en definitiva, la mejora del servicio público, ha sostenido, deseando poder celebrar en el acto de apertura del año judicial de 2024 que «se ha alcanzado este pacto».

En el encuentro han participado distintas autoridades de la región, encabezadas por la presidente, María José Sáenz de Buruaga; la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones; o la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, a quien la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, se ha dirigido para pedir medios para la Fiscalía, como una oficina fiscal o cámaras Gesell.

DESCENSO DE LA CRIMINALIDAD

Jiménez, que presentó ayer la Memoria de la Fiscalía de 2022, ha intervenido antes de López del Moral para dar cuenta de algunos datos acerca de la evolución de la criminalidad en la comunidad autónoma, que registró el año pasado un ligero descenso (-0,6%) en el número de delitos penales, y no ha vuelto a los índices previos a la pandemia.

Sin embargo, han crecido los delitos contra la libertad sexual, contra el medio ambiente, contra la salud pública, las estafas en internet, los delitos de odio y los cometidos por menores, entre otros.

Por ello, la fiscal superior ha llamado la atención sobre asuntos como la ciberdelincuencia, que ha experimentado un incremento «realmente exagerado», o los delitos cometidos por menores, especialmente ligados al consumo de sustancias, que les leva al «mundo del trapicheo». Además, han crecido los delitos contra la salud pública cometidos por menores de 4 años, hasta los 113, una cifra «absolutamente preocupante.

Por otro lado, Jiménez ha celebrado el aumento de denuncias de casos de acoso en el entorno escolar, mientras que en casos de violencia machista todavía «hay muchas mujeres que no ratifican las denuncias» y se seguirán «intensificando los esfuerzos» para dar protección a las víctimas. Además, ha llamado a la sociedad a implicarse con los delitos medioambientales –como maltrato animal o incendios–.

Además de las intervenciones, el acto ha incluido un homenaje a los dos magistrados que en 2022 alcanzaron los 25 años de antigüedad en la carrera judicial, José Hoya Corominas y Juan José Gómez de la Escalera.