El Gobierno cifra en 14 los municipios con ZBE de un total de 151 y dice que 15 ni han iniciado los trámites

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha indicado que 14 municipios de los 151 que están obligados por la Ley de Cambio Climático ya han puesto en marcha plenamente las zonas de bajas emisiones (ZBE) y que una quincena de ellos no ha comenzado aún los trámites para su implantación, frente a los 122 que sí lo ha hecho.

Así lo ha expuesto durante la inauguración de una jornada organizada por los Ministerios para la Transición Ecológica y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, del 16 al 22 de septiembre.

Morán ha celebrado que España es el tercer país de la Unión Europea en participación de municipios, con 385, y que «cada vez hay un mayor número de entidades locales implicadas». Así, ha destacado que el incremento de la participación se extiende desde ayuntamientos grandes a municipios pequeños que se suman a esta iniciativa «con el reto de llevar a cabo medidas permanentes» que implican a más de 21 millones de ciudadanos.

De ese modo, ha precisado que 101 ciudades españolas son ciudades oro , es decir que además de celebrar el Día sin coches, desarrollan diversas actividades entre el 16 y el 22 de septiembre y tienen, al menos, una medida permanente.

Además, ha apuntado que existen 413 buenas prácticas promovidas por empresas, asociaciones y entidades en los 385 municipios participantes de los 8.134 con que cuenta España.

No obstante, asegura que «hay recorrido por hacer» en España, que fue «pionera» en incorporar el concepto de medidas permanentes y las buenas prácticas en colectivos sociales, empresas, asociaciones e instituciones.

En el marco de las políticas de calidad del aire, ha urgido a las administraciones a poner sus esfuerzos para hacer de los municipios espacios «más habitables» y a las empresas, a aumentar las iniciativas. Para Morán es «un magnífico mensaje» que el sector público y privado avancen en la misma dirección.

Tras felicitar a los municipios participantes, ha manifestado que la Semana Europea de la Movilidad ha facilitado la creación de una conexión entre las distintas administraciones para atajar el problema de la calidad del aire.

«Salud y medio ambiente son dos caras de la misma moneda y constituyen dos elementos centrales de una problemática que hemos de abordar de manera integrada. La contaminación del aire pasa a una factura dramática a la salud pública en términos de vidas humanas prematuramente truncadas», ha reflexionado.

En ese sentido, ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que nueve de cada diez personas en el mundo respiran aire altamente contaminado y que la Agencia Europea de Medio Ambiente estima en más de 20.000 las muertes prematuras al año en España a causa de la mala calidad del aire atribuibles a los niveles de óxidos de nitrógeno o ozono y partículas en suspensión inferiores y en 12.000 las muertes prematuras en Europa por exposición continuada al ruido ambiental.

De hecho, ha admitido que en España «casi todas las capitales de provincia» presentan datos de calidad del aire que incumplen los valores guía de las directrices sobre calidad del aire de la OMS.* Por ello, el secretario de Estado ve necesario apostar por la integración de los condicionantes ambientales y de la vulnerabilidad climática en la definición de políticas públicas de distintas administraciones y en la toma de decisión de distintos sectores es clave.

Para ello insta a frenar políticas o actividades que conducen a un aumento del estrés ambiental y que generan riesgo sobre la salud con medidas como el establecimiento de las ZBE en los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los de más de 20.000 habitantes que supere los valores límite de contaminantes.

Además, recuerda la obligación de poner en marcha un plan marco de acción a corto plazo para episodios de alta contaminación y que desde 2021 tiene nuevos umbrales de contaminación y la existencia de un plan estratégico de salud y medio ambiente para proteger a la población de los riesgos medioambientales.