El parlamento cántabro vuelve a posicionarse en contra del modelo de financiación autonómica basado en la población

Acuerda por unanimidad pedir al Estado mejoras en la protección social de abogados y procuradores para que cobren una pensión «digna»

El Parlamento de Cantabria ha iniciado este lunes el periodo de sesiones de esta legislatura y lo ha hecho volviendo a fijar su postura en contra de una posible reforma del sistema de financiación autonómica que priorice la cantidad de población en lugar del coste efectivo de los servicios.

Aunque la Cámara cántabra ya se posicionó hace dos años en esta línea aprobando una iniciativa de similar contenido, el Grupo Popular ha llevado al Pleno de hoy una proposición no de ley (PNL) para volver a exigir al Gobierno central que a la hora de repartir el dinero a las comunidades se tengan en cuenta criterios como la orografía o la dispersión de la población, aprovechando el debate generado a nivel nacional ahora que algunos partidos catalanes exigen una reforma del sistema de financiación a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Los populares , que en esta legislatura gobiernan Cantabria en solitario y por tanto necesitan de los acuerdos con otras formaciones para sacar adelante sus iniciativas, han contado con el apoyo de PRC y PSOE para aprobar esta PNL, mientras que Vox se ha abstenido.

De hecho, el primer Pleno de este periodo ha empezado marcado con el consenso de todos los partidos salvo Vox, que es el único que se ha desmarcado de las votaciones del resto en dos de las tres proposiciones no de ley que iban a debate. De hecho, solo se ha rechazado la presentada por Vox, que pretendía condenar la gestión desarrollada por los consejeros regionalistas que han sido responsables durante «décadas» de la Consejería de Obras Públicas e impulsar una comisión de investigación.

PP, PRC y PSOE han coincidido en la defensa de una financiación autonómica basada en el coste real de los servicios públicos, si bien ha surgido debate entre populares y socialistas ya que los primeros han presentado esta iniciativa denunciando que «Cantabria tiene que ponerse en guardia» ante la «amenaza» de dos partidos catalanes, ERC y Junts, que piden al PSOE cambiar el sistema para apoyar la investidura y ante un Sánchez del que «no se fían», dado que está negociando con ellos «una amnistía», «un referéndum» o «un poder judicial propio para poder hacer lo que les venga en gana».

«Esto no es una broma, es aquí donde está el futuro de la autonomía de Cantabria», ha advertido el diputado del PP Iñigo Fernández, recordando que hace unos años se publicó un informe del Gobierno que apuntaba a que Cantabria perdería 350 millones de euros al año si se aprobara la financiación basada en criterios poblacionales.

El secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, ha respondido que este debate no se debe afrontar enfrentando «unas comunidades contra otras» y ha pedido a los populares que «estén tranquilos», porque «a Cantabria siempre le ha ido bien cuando el Gobierno de España ha estado liderado por el PSOE». Además, les ha invitado a abrir el mismo debate en su propio partido, porque los líderes del PP en otras comunidades defienden «lo contrario».

En esta línea, también los regionalistas han incluido a la PNL una enmienda –que ha sido aceptada– para «blindar» esta iniciativa frente a otros presidentes populares y pedir una armonización de impuestos entre las comunidades. Así, han criticado el «dumping fiscal» de comunidades entre las que han citado a Madrid, denunciando que la calidad de sus servicios públicos está «cayendo por los suelos». «El que reduzca impuestos se debe poner colorado a la hora de pedir más recursos», ha sostenido la regionalista Paula Fernández.

A pesar del debate, PP, PRC y PSOE han coincidido en la importancia de defender de forma «firme y unánime» que se mantenga el sistema de financiación en base al coste de los servicios para no perjudicar a Cantabria. Frente a ellos se ha situado Vox, que está en contra de un sistema que a su juicio es «insolidario», «potencia la desigualdad y atenta contra los derechos del conjunto de españoles».

El diputado Armando Blanco ha defendido que el Estado «tiene que estar al servicio de los españoles y no de los intereses autonomistas», y ha dicho que «no se puede discriminar según el lugar de residencia».

MEJORAS PARA LOS ABOGADOS

Por otro lado, la otra PNL que ha aprobado este lunes la Cámara, ésta por unanimidad, consiste en instar al Gobierno de Cantabria a gestionar con el Estado mejoras en el sistema de protección social de abogados y procuradores, con el objetivo de que puedan tener una pensión «digna».

Como han explicado varios portavoces, estos profesionales perciben sus pensiones de jubilación en función de sus aportaciones individuales, en lugar de a través del sistema de capitalización colectiva basado en la solidaridad intergeneracional, por lo que el objetivo es que puedan acceder a la pensión mínima en el momento de su jubilación y tengan garantizados otros derechos como la cobertura en caso de incapacidad laboral temporal o la pensión de viudedad.

Esta iniciativa la ha presentado el Grupo Regionalista y ha contado con el apoyo de todos los diputados tras consensuar una enmienda transaccional con PP y PSOE para incluir otras peticiones, como que se revaloricen anualmente estas pensiones o que se consigne anualmente una partida en los Presupuestos Generales del Estado para contribuir a su pago.

El pleno de hoy ha comenzado con la toma de posesión de Jorge Gutiérrez como diputado del Grupo Parlamentario Socialista en sustitución de Noelia Cobo, que ha renunciado a su acta para ejercer como diputada en el Congreso. Además, se ha nombrado como nuevo vicepresidente primero de la Cámara al popular Alejandro Liz, que ocupará el puesto que tenía Juan José Alonso tras renunciar al ser designado portavoz del Grupo Popular.