Vox incrementa sus acciones en Bruselas para protestar contra una eventual amnistía a los líderes independentistas
Remite escritos a Von der Leyen y Reynders y quiere un debate sobre el Estado de Derecho en España en el Parlamento Europeo
Vox ha desplegado una serie de iniciativas en Bruselas para dejar patente su oposición a una eventual amnistía a los líderes independentistas de Cataluña, en el marco de las negociaciones con Junts, el partido de Carles Puigdemont, de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez.
La última de estas acciones ha sido una advertencia del jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, sobre el «peligro» que esta medida podría representar para la democracia y el Estado de Derecho en España.
El aviso de Buxadé, en forma de correo electrónico, menciona que «el Estado de Derecho en España está bajo amenaza debido a la posible aprobación» por parte de Sánchez de una Ley de Amnistía «que busca el apoyo que necesita de los partidos separatistas» para ser investido presidente «después de perder las elecciones generales el 23 de julio».
Acompañando el mensaje, Buxadé ha incluido un informe que explica la situación precisamente desde la perspectiva del Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y el principio de legalidad y solicita una reunión con Von der Leyen y Reynders con el objetivo de hablar sobre la protección de la democracia, la igualdad ante la ley y evitar espacios de impunidad para los políticos.
UNA CASTA DE POLÍTICOS CAPACES DE ELUDIR LA JUSTICIA
En su mensaje, Buxadé destaca que la ley «violaría el principio de igualdad ante la ley y establecería definitivamente en España una casta de políticos capaces de eludir la justicia a pesar de haber cometido graves ataques contra el orden constitucional, desobediencia a la autoridad judicial y malversación de fondos públicos», en alusión al referéndum independentista del 1-O en Cataluña en 2017.
«Millones de españoles viven con gran preocupación la posible aprobación de una Ley de Amnistía, que pondría fin a la separación de poderes, acabando con el poder constitucional del Poder Judicial para juzgar», traslada Buxadé, según informa su partido en un comunicado.
UN DEBATE EN COMISIÓN
En paralelo, Vox propondrá a la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo la celebración de un debate «urgente» sobre el Estado de Derecho en España.
En concreto, debe ser el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ERC, por sus siglas en inglés), al que está adscrito Vox en el Parlamento Europeo, el que lleve la propuesta a la Comisión de Libertades Civiles, cuyos coordinadores tendrán que discutirla, aclaran desde Vox a Europa Press. El asunto se decidirá en una reunión de los coordinadores de la comisión este martes, según la formación.
Además, los de Santiago Abascal en Bruselas han remitido un escrito a todos los miembros del Parlamento Europeo subrayando sus preocupaciones sobre la situación política en España.
Entre otros asuntos, en el escrito acusan a Sánchez de querer formar gobierno «a expensas de la legalidad y los principios del Estado de Derecho, como la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley» y resalta las contradicciones del jefe del Ejecutivo en funciones, que «en noviembre de 2022 y septiembre de 2021 negó la posibilidad de una amnistía al considerarla inconstitucional».
En cuanto a la figura de la amnistía, Vox recuerda que la última vez que España aplicó una ley de amnistía fue en 1977, antes de la redacción de la Constitución. Y señala que la Carta Magna no contempla la figura de la amnistía y que, al utilizarla, el Gobierno «estaría violando» los principios básicos como la igualdad ante la ley y la separación de poderes.
Asimismo, menciona que ERC y Junts, que tuvieron resultados electorales «negativos» el 23 de julio, «ahora tienen el poder de decidir la formación de un nuevo gobierno gracias a las promesas» de Sánchez. Sobre los partidos nacionalistas, Vox también destaca su «conexión con funcionarios rusos en planes de desestabilización de las democracias europeas».
