La Junta andaluza considera que «promover una amnistía sería dilapidar la separación de poderes de facto en España»

TABERNAS (ALMERÍA), 11

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha sostenido este lunes que «promover una amnistía» para los implicados en el proceso independentista catalán vinculado al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 sería «dilapidar la separación de poderes en nuestro país de facto».

Sería «decirle al poder judicial que todo el trabajo que se ha venido desarrollando para poner a disposición de la justicia a unos señores que perpetraron uno de los mayores atentados en términos democráticos de la historia reciente no ha servido absolutamente para nada», ha denunciado también el consejero portavoz del Gobierno andaluz en una atención a medios en Tabernas (Almería) durante una visita a las instalaciones del parque temático Oasys MiniHollywood acompañado por el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal.

A preguntas de los periodistas, Ramón Fernández-Pacheco ha apuntado que sobre una hipotética ley de amnistía quien «ha hablado mucho durante los últimos años» ha sido el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y «la hemeroteca está ahí» para comprobarlo, ha añadido el portavoz antes de subrayar que el líder socialista «siempre dijo que era inaceptable» dicha posible amnistía «y que él jamás promovería una amnistía».

El consejero ha criticado que la amnistía no se acordaría «porque sea bueno para el interés general de nuestro país, porque sea un clamor social del conjunto de los españoles», sino que esa iniciativa «está en la hoja de ruta del presidente del Gobierno en funciones porque le interesa a su aritmética parlamentaria para lograr los votos suficientes que le permitan seguir en la Moncloa».

«Y ese nunca puede ser un criterio válido», ha aseverado Fernández-Pacheco antes de subrayar que «nos estamos jugando demasiado», y «España se encuentra en una coyuntura y en unas circunstancias especialmente sensibles que requieren de altura de miras», algo que, según ha abundado, «pasa por la institucionalidad, por respetar la Constitución, por respetar el papel que cada territorio ha de tener en el conjunto de nuestro país, y no por cerrar en despachos de cara a la investidura de Pedro Sánchez aquello de los que nos podamos arrepentir mucho en el futuro».

REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, el consejero portavoz ha defendido que «el proceso autonomista que llevó a Andalucía a ser considerada comunidad histórica, lograr nuestro primer Estatuto de autonomía, siempre se basó sobre una premisa clara y fundamental, que es que Andalucía no quería ser más que nadie, pero tampoco iba a permitir ser menos que nadie, y esa filosofía, 40 años después, sigue plenamente vigente».

Al hilo, ha criticado que el modelo de financiación autonómica, «que tenía que haberse renovado hace ya muchos años, hoy en día sólo se plantea en base a un criterio que es el interés personal de Pedro Sánchez», de forma que para su reforma «no se atiende a criterios de población, de edad de la gente, de densidad, de servicios públicos que hay que prestar», sino «solamente a la aritmética parlamentaria, en función de los votos que necesita Pedro Sánchez para lograr la investidura».

«Y eso es del todo inaceptable», según ha sentenciado el consejero, quien ha remarcado que «la postura del presidente de la Junta de Andalucía», Juanma Moreno, al respecto, «es clara», y parte de la idea de que «somos una comunidad autónoma histórica de primer nivel, la única comunidad autónoma histórica que alcanzó su autonomía en base a las urnas, gracias al referéndum» del 28 de febrero de 1980, y, «por lo tanto, defenderemos donde haga falta el interés de Andalucía», que «pasa por que no se agravie a Andalucía en beneficio de aquellos que le pueden aportar votos en el Congreso a Pedro Sánchez», ha advertido.

El portavoz del Gobierno andaluz ha clamado por «un modelo de financiación justa que nos permita prestar los servicios públicos en base a lo que los andaluces se merecen», y ha abogado por que «el diálogo, en base a la articulación territorial de España, se tiene que celebrar con el concurso de absolutamente todo el mundo en los foros que están habilitados para ello»; en concreto, «en una Conferencia de Presidentes», donde «los legítimos representantes de cada territorio puedan expresar su opinión, y no en despachos, de espaldas de la opinión pública y con el único fin de que la aritmética parlamentaria beneficie a Pedro Sánchez», ha concluido.