El cabecilla de la trama de Obras Públicas no se podrá reincorporar a su puesto «al menos a corto plazo»
El principal investigado en la trama por presunta corrupción en las contrataciones de la Consejería de Obras Públicas, Miguel Ángel Díaz, que acaba de ser excarcelado, no se va a poder incorporar de nuevo a su puesto de trabajo «al menos, a corto plazo».
Así lo ha aclarado el actual consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, en declaraciones remitidas a los medios tras conocerse que el funcionario imputado ha salido de la prisión de El Dueso, en Santoña, donde se encontraba desde el pasado mes de febrero, cuando fue detenido como supuesto cabecilla de la red.
Media ha recordado que Díaz está suspendido de empleo y sueldo desde el mes de marzo y, por tanto, «no se va a poder incorporar de nuevo a su puesto, al menos a corto plazo». Además, de forma paralela, desde la Consejería se sigue trabajando en la auditoría para conocer «el alcance de esta trama que arrancó hace dos décadas», ha dicho.
«En cuanto tengamos las conclusiones definitivas, las haremos públicas, como prometió la presidenta María José Sáenz de Buruaga», ha añadido el consejero, que ha vuelto a insistir en que «nuestra misión es abrir puertas y ventanas y conseguir que la Consejería de Fomento, con ayuda de todos sus trabajadores, sea ejemplar a partir de ahora en la gestión del dinero público».
El titular de Fomento ha manifestado además el «máximo respeto» del Gobierno de Cantabria por las decisiones judiciales, en este caso por la resolución judicial por la que el principal investigado en esta causa, que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, ha quedado en libertad provisional.
«A partir de ahora, seguiremos muy atentos a todo el proceso judicial, que sigue en fase de instrucción, y esperamos que finalmente se resuelva en favor de los intereses, tanto del Gobierno de Cantabria como de los ciudadanos», ha señalado Media.
Y ha precisado que el «único interés» del Ejecutivo regional «es salvaguardar el dinero público y que el peso de la justicia alcance a todas las personas que puedan estar implicadas en esta trama de corrupción».
Una trama en la que, además del funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas, estarían involucradas su mujer e hijas y responsables de cuatro empresas del sector en la región.
La defensa del procesado -que ha cambiado hasta tres veces de abogado- ya solicitó su puesta en libertad hace meses, pero la Audiencia de Cantabria se opuso a esa petición confirmando la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza dictada el 24 de febrero por la magistrada instructora.
El Gobierno de Cantabria, que está personado en la causa como acusación particular, se había opuesto también al recurso para poner en libertad del funcionario.
Miguel Ángel Díez es el único que ingresó en prisión de los seis detenidos que pasaron a disposición judicial por la supuesta trama de corrupción, entre los que se encuentra también su mujer y los responsables de las empresas investigadas –Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina–.
Como presunto cabecilla de las adjudicaciones irregulares, a Díez se le atribuyen los delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, pudiendo suponer hasta seis años de cárcel cada uno de ellos.
Es por ello que la magistrada al frente del caso, Mercedes Compostizo, envió al funcionario a El Dueso al considerar que existía «un importantísimo riesgo de fuga».
El resto de procesados quedaron en libertad provisional -con la obligación de comparecer ante el Juzgado cada 15 días-, situación en la que se encuentra también ahora el principal investigado.
