Alegría (PSOE) cree que Feijóo irá a una investidura «fallida» y no valora la constitucionalidad de una ley de amnistía
La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, considera que la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, será «fallida» al no tener garantizados a día de hoy los apoyos suficientes. A su vez, cree que la constitucionalidad de una ley de amnistía, como piden los independentistas, corresponde al Tribunal Constitucional.
«Cuando vas a una investidura al menos tienes que garantizar la mayoría absoluta, y lo que tienen garantizado Feijóo a día de hoy es una nueva derrota», ha señalado durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.
Para Alegría, es «curioso» que desde el PP, en vez de «ponerse a trabajar hoy mismo para hablar con el resto de grupos políticos, lo deje para el lunes de la próxima semana» e insiste en que está evocada al «fracaso» y que se trata de un «ejercicio de supervivencia interna».
Ante la ronda de contactos que iniciarán desde la formación popular , en la que también se incluye al partido socialista, para Alegría, Feijóo lo va a tener «muy difícil» para explicarle a los ciudadanos que tu único objetivo durante la campaña haya sido derogar el Gobierno liderado por el PSOE y que ahora quiera sentarse a hablar con ellos. Aún así, ha afirmado que en el PSOE «siempre han estado al otro lado del teléfono».
NEGOCIACIONES CON JUNTS
En lo que respecta a las negociaciones de su formación para una hipotética investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, Alegría ha aclarado que las conversaciones que posibilitaron la mayoría absoluta que alzó a Francina Armengol como presidenta del Congreso, estuvieron centradas «exclusivamente» en la Mesa del Congreso.
Aunque desde el PSOE reconocen la «legitimidad» de todas las fuerzas políticas para generar una investidura que les permita mantener el Gobierno progresista, el marco de diálogo ha sido siempre la Constitución.
Al hilo de la petición de amnistía por parte de algunas formaciones independentistas, la portavoz socialista no ha querido valorar la «constitucionalidad» de dicho planteamiento e insiste en que esa valoración le corresponde al Tribunal Constitucional.
