Gobierno de Cantabria y Colegio de Abogados acuerdan elaborar un nuevo decreto sobre la asistencia jurídica gratuita
La consejera de Presidencia y el decano han mantenido una primera reunión para abordar las primeras necesidades de los abogados
El Gobierno de Cantabria y el Colegio de Abogados han acordado la elaboración de un nuevo decreto regulador de la asistencia jurídica gratuita.
Este asunto ha sido uno de los temas que han abordado la consejera de Presidencia, Justicia y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, y el decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, en el primer encuentro institucional que han mantenido para abordar las principales necesidades del sector, entre las que se encuentra la elaboración de este nuevo decreto y la resolución del conflicto laboral.
En este sentido, la consejera ha trasladado al decano la intención de comenzar «ya» con la redacción de un nuevo decreto de asistencia jurídica gratuita que «atienda realmente las verdaderas necesidades económicas y administrativas de los abogados y procuradores queprestan servicio en el turno de oficio pues, en su opinión, el anterior nació «obsoleto y caduco».
Para ello, ha confirmado la elaboración de un grupo de trabajo que recoja todas las necesidades y que el nuevo documento pueda estar listo «cuanto antes».
Asimismo, Urrutia ha puesto de manifiesto el «compromiso de diálogo permanente con el colegio de abogados» para resolver el conflicto existente en justicia que, en su opinión, pasa por «trabajar de la mano» en un pacto de justicia.
Por su parte, Andrés de Diego, en esta primera visita protocolaria, se ha expresado en la misma línea que la consejera al reiterar la necesidad de «mejorar» el reglamento de asistencia jurídica gratuita a través de un grupo de trabajo formado por abogados y procuradores paraabordar la reforma en relación a los baremos de cobro y en la parte normativa.
Finalmente, y en palabras del Gobierno en una nota de prensa, ha subrayado la necesidad «urgente» de resolver la paralización de la actividad judicial debido a los conflictos mediante una mesa y un pacto con medidas que favorezcan el atajar este problema de ahí que, tal y como ha insistido, el diálogo debe ser «permanente».
