El Gobierno de Cantabria licitará de nuevo los once contratos investigados en el caso Obras Públicas

Se readaptarán los pliegos y las empresas investigadas podrán concurrir al rechazar la Audiencia la medida cautelar para que no pudieran hacerlo

El Gobierno de Cantabria (PP) reformulará los pliegos de los once contratos investigados en el caso Obras Públicas para licitarlos de nuevo.

A los procesos de contratación podrán presentarse las empresas investigadas por su implicación en la presunta trama de corrupción en el Servicio de Carreteras Autonómicas (CANNOR-La Encina, Rucecan, Imesapi y API Movilidad) después de que la Audiencia Provincial haya ratificado, en un reciente auto de la semana pasada, la denegación de la medida cautelar solicitada por el Gobierno para que esto no fuera posible.

El auto de la Audiencia Provincial de Cantabria permite al Ejecutivo cántabro iniciar los procesos en los que estaban implicadas estas empresas y comenzar su tramitación nuevamente.

Se trata de un total de once proyectos que suman una inversión total de 32.560.484 euros.

Entre ellos figuran los relativos a la conservación del puente sobre la ría de Cubas (3.387.056 euros); reparaciones puntuales de la capa de rodadura (3.806.676 euros); la senda peatonal de la CA-171 Reinosa-Corconte (865.834 euros); el camino peatonal entre Matamorosa y Villaescusa (499.957 euros), o la ejecución de senda ciclable en la CA-131 Barreda-La Revilla (3.470.682 euros).

Además, también se licitará de nuevo los contratos de la nueva instalación, reposición y mantenimiento de las mallas de triple torsión (3.650.417 euros); limpieza y eliminación de sedimentos y otros materiales (1.686.922 euros); conservación y mantenimiento de los elementos funcionales urbanos e interurbanos (4.863.970 euros); mantenimiento, conservación y limpieza de cunetas y cauces (6.150.786 euros); proyecto de conservación, mantenimiento y nueva implantación de barreas de seguridad (2.876.745 euros), y senda peatonal en las CA-728 y CA-171 Reinosa-Monegro (1.301.439 euros).

El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente,Roberto Media, ha señalado que esta decisión «busca transparencia, control y celeridad».

Por ello, ha explicado que en parte de esos 11 contratos –los relativos a la conservación y el mantenimiento de carreteras autonómicas– «se van a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de nuestras vías y que sigan teniendo unos niveles de excelencia».

«Tenemos que resolver lo más inmediato ya que estamos hablando de un servicio básico y esencial y nuestra obligación es garantizar la seguridad de los usuarios», ha subrayado Media, quien ha insistido en «ésta es la fórmula más rápida y eficiente para asegurar el mantenimiento de las vías y que estén en buen estado durante los próximos meses».

Media ha explicado que ya se está trabajando para «readaptar los pliegos y hacer la licitación ordinaria de los próximos 4 años, un proceso que no estará resuelto hasta el verano que viene».

Sin embargo, ha querido dejar claro que en la Consejería «no están parados» sino que están trabajando «al 100%» para poner en marcha todos estos proyectos que suponen una inversión muy importante por toda la región. «Queremos recuperar cuanto antes la normalidad en la Consejería», ha dicho.

En el resto de contratos, los relativos a obras generales y concretas, ya se están rehaciendo los pliegos y comprobando los precios unitarios de las unidades de los proyectos, así como sus mediciones.

En concreto se trata de cuatro sendas ciclables y peatonales y el proyecto de conservación del puente sobre la Ría de Cubas que une Somo y Pedreña.

Se trata de una serie de trabajos que, según ha detallado, se encuentran ya en manos de la Dirección General de Obras Públicas para que los proyectos puedan licitarse «lo antes posible».

El titular de Fomento ha asegurado que el Gobierno de Cantabria ya cuenta con herramientas de «mayor control» en materia de contratación para el conjunto de las consejerías y los organismos del sector publico autonómico, y ha asegurado que serán de aplicación a la Administración General, a los organismos autónomos y a todas las entidades del sector público institucional.

Estas medidas están agrupadas, según ha dicho, en cuatro objetivos fundamentales: incrementar la transparencia tanto desde la perspectiva de favorecer la concurrencia como la rendición de cuentas, fortalecer la profesionalización y formación de los funcionarios en este ámbito, mejorar los mecanismos de control y perfeccionar la legislaciónvigente.