El déficit básico de la Seguridad Social se disparó en 12.700 millones entre 2019 y 2023, según Fedea
El déficit básico de la Seguridad Social, incluyendo a las Clases Pasivas y antes de las transferencias del Estado, ha aumentado en 12.700 millones de euros entre 2019 y 2023, el equivalente a un punto del PIB, según cálculos realizados por Fedea en un artículo elaborado por su director adjunto, Ángel de la Fuente.
En dicho artículo, el autor analiza las cuentas de la Seguridad Social Ampliada (SSA), un agregado que combina al sistema de Seguridad Social con el de Clases Pasivas de los funcionarios.
De la Fuente calcula dos indicadores del déficit de la SSA que miden los recursos adicionales que el Estado ha de inyectar, posiblemente en parte mediante deuda, para cubrir la brecha entre el gasto del sistema y sus ingresos propios.
El primero, al que el autor denomina déficit básico, es simplemente el déficit presupuestario total del sistema sin tener en cuenta las transferencias corrientes del Estado. El segundo, el déficit contributivo, es la diferencia entre los gastos y los ingresos contributivos de la SSA.
Para sus estimaciones, De la Fuente, utilizando precios de 2019, se sirve de la liquidación del Presupuesto de la Seguridad Social de ese año y de los presupuestos aprobados en los años siguientes.
De acuerdo con el análisis de Fedea, mientras que el PIB real prácticamente no varió entre 2019 y 2023, tanto los ingresos como los gastos del sistema de la Seguridad Social crecieron «apreciablemente». Dentro del gasto, las partidas que más han crecido proporcionalmente, con casi un 65%, son las de carácter no contributivo.
En este ámbito, De la Fuente destaca el «meritorio esfuerzo» realizado por el Gobierno para mejorar la financiación del sistema de atención a la dependencia y la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como prestación de último recurso para la protección de los hogares más vulnerables.
No obstante, en términos absolutos, el autor alerta de que el incremento del gasto no contributivo (unos 4.000 millones de euros a precios constantes) es muy inferior al del gasto en prestaciones contributivas, que se acerca a los 18.000 millones, de los que algo más de 16.000 millones corresponden al gasto en pensiones, incluyendo las de Clases Pasivas.
Los ingresos, por su parte, han aumentado bastante más que los gastos (un 20,7% frente a un 12,8%), con lo que el saldo presupuestario del sistema mejoró desde 16.700 hasta 6.400 millones de euros entre 2019 y 2023.
Sin embargo, De la Fuente avisa de que esta mejora «se debe exclusivamente al fortísimo aumento de las aportaciones del Estado, que se han más que duplicado en cuatro años mientras que los ingresos propios del sistema por cotizaciones sociales han crecido menos que el gasto».
Si se atiende al déficit básico (el registrado antes de transferencias estatales), el déficit habría aumentado en 12.700 millones o un punto de PIB entre 2019 y 2023, lo que indica, para el autor, un aumento de la brecha entre los gastos y los recursos propios del sistema y con ello una mayor carga para la Hacienda General del Estado.
LIMITAR EL GASTO EN PENSIONES PARA LIBERAR AL ESTADO
Algo similar sucede con el déficit contributivo que, según De la Fuente, también se incrementa «hasta niveles preocupantes». Así, sostiene que en años recientes el gasto en prestaciones contributivas ha estado más de un 30% por encima de los ingresos contributivos puros del sistema.
De hecho, apunta que, con datos de 2022-2023, la brecha entre gastos e ingresos contributivos está en torno a los 48.000 millones de euros, a precios de 2019, acercándose al 4% del PIB. Esto supone absorber «alrededor de un tercio de los ingresos tributarios totales del Estado», así como «una parte sustancial del déficit del conjunto de las administraciones públicas».
Entre 2019 y 2023, la deuda del sistema con el Estado, tanto bruta como neta del Fondo de Reserva, ha aumentado en casi un 90% hasta situarse en torno a los 100.000 millones de euros, añade De la Fuente.
«Hasta tiempos recientes las prestaciones contributivas de la Seguridad Social se han financiado fundamentalmente con cotizaciones sociales pagadas por los trabajadores y sus empresas. Cada vez más, sin embargo, los ingresos propios del sistema contributivo de protección social se han tenido que complementar con aportaciones del Estado con cargo a impuestos generales», denuncia el director adjunto de Fedea.
En su opinión, estas «crecientes» transferencias han ido reduciendo los márgenes disponibles para hacer frente a otras necesidades «de una forma que ya es preocupante y podría serlo mucho más en las próximas décadas si no se consigue limitar el crecimiento del gasto en pensiones».
