La construcción denuncia que las administraciones han disparado un 36% el uso de medios propios en 2023
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha denunciado que las distintas administraciones públicas en España han aumentado en un 36% el uso de medios propios entre enero y junio de este año, lo que considera que «anula la competencia para ejecutar contratos públicos» por parte de las empresas privadas.
En total, la Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado 192 obras encargadas a medios propios, por un importe global de 379,5 millones de euros, según ha informado la patronal del ramo.
CNC advierte de que este ritmo supondría finalizar el año actual con 460 obras encargadas a medios propios por un importe de 910 millones de euros, frente al récord de 337 encargos por importe de 661 millones de euros en 2022.
«Los datos revelan el abuso sistemático de un mecanismo que debería ser excepcional y no un recurso habitual por parte de las administraciones públicas. La falta de concurrencia empresarial favorece asimismo la concentración de encargos en muy pocas ellas», lamenta.
La patronal ha llamado la atención sobre algunos de estos contratos como el de la ejecución de las obras para la mejora de la eficiencia energética y la rehabilitación sostenible de 74 actuaciones en diversos acuartelamientos de la Guardia Civil por todo el territorio nacional, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Este encargo fue formulado por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil a la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) por más de 75 millones de euros.
Las Administraciones suelen recurrir a medios propios para ejecutar sus obras cuando una licitación queda desierta. Al incrementarse el número de licitaciones desiertas debido a las tensiones en los precios de contratos sin sistema de revisión, muchas de las obras son finalmente encargadas a medios propios, que las ejecutan con unos presupuestos superiores a los de la licitación original.
«Una práctica cómoda pero que supone un mayor coste para la Administración contratante, que convierte la competencia en muy injusta, que ataca a la creación de riqueza para empresas y trabajadores y que podría disparar el número de disoluciones y de concursos de acreedores de empresas constructoras», concluye la CNC.
