PSOE defiende que sus gobiernos son los que han acabado con los grandes desafíos independentistas: Cataluña y ETA

Promete reformar la financiación autonómica en un año, publicarán gastos de viajes y viviendas oficiales y seguirán desconcentrando sedes

El programa electoral del PSOE para las elecciones generales del próximo 23 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, defiende que han sido los gobiernos socialistas los que han acabado con los grandes desafíos independentistas en España en el caso de Cataluña y de ETA.

Así, afirma que después de la grave crisis institucional motivada por el proceso independentista, el Ejecutivo de Pedro Sánchez afrontó la situación que se «generó durante el gobierno del PP» con «valentía» y ha trabajado por recuperar la convivencia.

En este sentido, señalan que «solo el tiempo permitirá valorar con justicia el éxito alcanzado», ya que consideran que se ha superado la «situación de ruptura» de hace 5 años y las encuestas reflejan un descenso «abrupto» del número de personas contrarias al marco constitucional.

LA DERROTA DE ETA, GRACIAS A LA DECIDIDA ACCIÓN DE ZAPATERO

En este contexto explica que mientras la derecha trata de «patrimonializar» los símbolos comunes e imponer una idea de Españaen la que solo caben ellos, promoviendo el enfrentamiento de unos territorios con otros, «han sido los gobiernos socialistas los que han logrado poner fin a los grandes desafíos independentistas». Dicho esto, pone el ejemplo de la derrota de la banda terrorista ETA, que según el PSOE fue «posible gracias a la decidida acción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero».

E insisten en que mientras la derecha sigue con su estrategia de deslegitimar las instituciones, son los socialistas los que fortalecen la unidad y la cohesión territorial de España.

DESCONCENTRACIÓN DE SEDES Y COGOBERNANZA

Para la próxima Legislatura, el PSOE se propone reforzar la «cogobernanza» y mejorar el funcionamiento del Estado autonómico. Para ello, plantea aprobar una Ley de Cohesión Territorial y fomento de la colaboración. El objetivo, aseguran, es poner en práctica las «lecciones aprendidas durante la pandemia y cubrir algunas deficiencias advertidas».

Esta ley, precisan, incluirá un marco común para incentivar la cooperación en materia de prestación de servicios esenciales, compartir datos estadísticos, o la necesidad de coordinar las políticas autonómicas de ordenación del territorio, para crear un paisaje armonizado y protegido.

A esta medida se sumará la ya iniciada esta Legislatura de desconcentrar sedes de entidades públicas estatales y autonómicas.

Además, se proponen reconcer a la Conferencia de Presidentes como el máximo órgano de cogobernanza política con el desarrollo del nuevo Reglamento, acordado en La Palma en marzo de 2022 y crearán una estructura que coordine la celebración de las Conferencias Sectoriales y reúna toda la información de estas de manera unitaria, para mejorar la toma de decisiones y la transparencia.

Junto con esta medida, potenciarán las Conferencias Sectoriales para la Agenda 2030, el reto demográfico y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un calendario común de reuniones y la publicación de todos los acuerdos alcanzados y establecerán un sistema de interrelación de la Conferencia de Presidentes con las Conferencias Sectoriales.

PROMETEN UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA EN UN AÑO

En cuanto a la reforma del sistema de financiación autonómica, aseguran que se afrontó desde el principio de la legislatura pero alegan que «excepcionales circunstancias lo han impedido».

No obstante, prometen aprobarlo en el plazo máximo de un año para garantizar los recursos necesarios para que haya servicios públicos de calidad, como la sanidad, la educación o la dependencia, pero también la vivienda, el fomento del empleo, la movilidad o la cultura.

El modelo, dicen, estará basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos.

En este marco prevén abrir el debate para que el nuevo modelo impulse que la inversión del conjunto de las administraciones sea como mínimo del 7% del PIB, en Educación del 5% y en Servicios Sociales del 2%.

EVITAR QUE LAS CCAA RENUNCIEN A IMPUESTOS PROPIOS Y RECLAMEN AL SISTEMA

El nuevo modelo, además de incluir las variables de población, superficie, población protegida o insularidad, también propiciará la corresponsabilidad fiscal para que las comunidades autónomas no renuncien a impuestos propios y a la vez reclamen más recursos al sistema.

En paralelo contemplan reformar la financiación local con un nuevo marco adaptado a su realidad y a la proximidad en la prestación de servicios.

SUPRIMIR AFORAMIENTOS Y PUBLICAR GASTO EN VIAJES OFICIALES Y VIVIENDAS

El PSOE apuesta por potenciar la Transparencia para lo que promete culminar la reforma de la Ley incorporando al Portal de la Transparencia las categorías de información más demandadas por la ciudadanía a través del derecho de acceso.

En concreto, citan en relación a los altos cargos, la publicacón por «publicidad activa» de las agendas, el gasto de los viajes y viviendas oficiales, la declaración completa de bienes y actividades y sus peticiones y denegaciones de compatibilidad. A lo que se añadirá la información sobre el personal eventual, la publicidad institucional, los contratos públicos y los procesos selectivos.

También retoman la supresión de los aforamientos de los cargos públicos en los casos ajenos al ejercicio de la actividad propia de su cargo, que ya se había prometido y no se ha sacado adelante por la necesidad de reformar la Constitución para ello.

Entre otras medidas impulsarán un nuevo Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; la entrada en funcionamiento de la Autoridad de Protección del Informante con la aprobación por el Gobierno de la Estrategia Nacional Anticorrupción, en la que se integrarán el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado y el conjunto se los instrumentos de prevención y reacción contra el fraude y culminarán la aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Campañas de Desinformación, en línea con los objetivos fijados por la UE.