El TSJC reconoce gran invalidez a una trabajadora con trastorno mental y antecedentes de suicidio

Argumenta que necesida ayuda continuada de una tercera persona para evitar situaciones de peligro

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha reconocido la situación de gran invalidez a una trabajadora que sufre trastorno mental, ansiedad y depresión, que en una ocasión ha intentado suicidarse y en la que persisten las ideas autolíticas.

En una sentencia recientemente notificada, el tribunal revoca la resolución del Juzgado de lo Social número 2 de Santander, que el pasado mes de marzo declaró a la trabajadora afectada de invalidez permanente en grado de incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo y acordó una pensión vitalicia equivalente al cien por ciento de la base reguladora.

Ahora la Sala modifica el grado de incapacidad laboral y le reconoce la gran invalidez, ya que la mujer necesita estar asistida para los actos más elementales como, en su caso, «la defensa de su propia vida».

Así, acuerda el derecho de la trabajadora a percibir el complemento económico inherente a la declaración de gran invalidez.

La Sala explica en su sentencia que la jurisprudencia del Tribunal Supremo «ha reconocido la gran invalidez cuando existe necesidad de ayuda de tercero para impedir posibles actividades autoagresivas o para la evitación de situaciones de peligro o riesgo».

En este sentido, señala que «la literalidad de la norma se refiere a la asistencia para realizar actos primarios elementales», como comer, vestirse o desplazarse.

Sin embargo, considera que «por una aplicación analógica deben ser objeto de inclusión en la situación de gran invalidez los casos graves de alteraciones mentales cuando es necesaria la continuada asistencia de otra persona para evitar conductas de agresividad que pongan en peligro la seguridad propia o ajena».

Esto, justifica el TSJC, se debe a que «en el concepto de acto esencial de la vida debe entenderse comprendido el de la genérica defensa de la propia vida e integridad física».

Por ello, sostiene que «ha de considerarse procedente» la declaración de gran invalidez si el sujeto incapacitado precisa de la más genérica y trascendental ayuda de tercera persona para preservarle de situaciones de peligro o riesgo.

La sentencia del TSJC no es firme, ya que contra la misma cabe la interposición de un recurso de casación para la unificación de doctrina que resolvería la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.