El director del OIEA llega a Tokio, donde se reunirá con Kishida para el plan de vertido de agua de Fukushima
El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha anunciado este martes su llegada a Tokio, donde se reunirá con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, para presentarle el informe sobre el plan de vertido de agua de la central nuclear de Fukushima.
El OIEA ha estado dos años realizando una revisión de seguridad exhaustiva e independiente sobre los planes de descarga de agua tratada en la central Fukushima Daiichi, tras lo cual Grossi planea presentar las conclusiones que permitan poner en marcha el plan, que podría alargarse varias décadas.
El organismo creó un grupo específico para realizar labores de seguimiento y revisión para garantizar la seguridad de la liberación de agua, debido a que es la autoridad internacional en temas nucleares.
La liberación de estas aguas, que ahora apremia ante la falta de capacidad de almacenamiento en los tanques de la planta, ha suscitado la polémica a nivel nacional y regional desde que así lo anunciara el Gobierno en abril de 2021.
Desde Tokio insisten en que la reconstrucción es fundamental para la central, un proceso que pasa por adquirir más espacio en los tanques, especialmente ante la preocupación de algunos expertos que temen que estos colapsen en caso de que se produzca un nuevo desastre natural.
Para la purificación y el tratamiento de este agua antes de su liberación al mar, Japón la somete al llamado Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS), que permite eliminar las sustancias radiactivas en su práctica totalidad, a excepción del tritio –un isótopo natural del hidrógeno–, de forma que esté diluida y los niveles de radiación cumplan con los estándares internacionales.
El ALPS, precisamente, es un sistema de bombeo y filtración que utiliza una serie de reacciones químicas para eliminar decenas de radionucleidos del agua contaminada, si bien no es capaz de eliminar el tritio del agua contaminada.
Sin embargo, las autoridades niponas insisten en la seguridad de estos residuos nucleares y aseguran que este tipo de vertidos no son nuevos. «Para nosotros la seguridad es la máxima prioridad. Si no se cumpliera con estas normas, los japoneses serían los primeros en sufrir las consecuencias. Nuestro Gobierno jamás tomaría una decisión que pusiera en peligro la vida y salud de los ciudadanos. El compromiso es firme», indicaron fuentes del Gobierno japonés en declaraciones a Europa Press.
Así, aclararon que esta descarga es «segura» dado que el agua «está suficientemente purificada y diluida». «Cumple con los reglamentos de seguridad respecto a la concentración radiactiva. La concentración de materiales radiactivos está muy por debajo de la normativa y la descarga en el mar cumple con los estándares internacionales», insistieron antes de recordar, además, que otros países como China y Corea del Sur «también vierten este tipo de agua tratada de acuerdo con el Derecho Internacional».
Más de una década después de que un gran tsunami arrasara la costa este de Japón e hiciera fallar los sistemas de seguridad de la central, la población japonesa sigue luchando tras el que ha sido considerado como uno de los peores accidentes nucleares de la Historia.
A diferencia del accidente de Chernóbil, las partículas liberadas en Fukushima fueron vertidas principalmente al mar y no a la atmósfera, lo que podría haber disminuido el riesgo sanitario. No obstante, esto ha hecho de la industria pesquera una de las principales víctimas en términos económicos y laborales.
