Las víctimas de la talidomida esperan no tener que tributar a Hacienda la mitad de las ayudas del Gobierno

La Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (AVITE) ha reclamado que las ayudas a 130 personas víctimas de la talidomida, que previsiblemente se aprobarán este martes en Consejo de Ministros, no tengan que tributar a Hacienda por hasta la mitad del importe.

Así lo han resaltado representantes de AVITE este lunes en rueda de prensa en Murcia, sede de la entidad. La asociación realizó alegaciones al decreto dentro del periodo de consulta pública, pero no han recibido confirmación por parte del Ministerio de Derechos Sociales de si se incluirán sus reclamaciones finalmente en el texto final.

«Presentamos una serie de alegaciones en consulta pública al decreto, y a día de hoy no sabemos si se han tenido en cuenta o no», ha comentado el presidente de AVITE, José Riquelme.

Por ello, han evitado realizar una valoración formal sobre el decreto, hasta que tengan más información una vez sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales. Con esta medida, según señalan fuentes del departamento de Ione Belarra a Europa Press, se «logra dar una respuesta a los afectados tras décadas de reivindicaciones».

Este decreto, añaden, busca «hacer justicia» con los afectados en España, «uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo, y regula para ello una serie de ayudas económicas».

En cualquier caso, los afectados de AVITE esperan que las ayudas a estos afectados, reconocidos tras la evaluación de los casos por parte del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), estén exentas de tributación.

Según el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el importe de la ayuda varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento. Por ejemplo, y para una persona con un 33% de discapacidad, ascenderá a 396.000 euros en un pago único (a razón de 12.000 euros por cada punto, como se estableció en una disposición adicional de los PGE de 2018).

La talidomida fue un medicamento comercializado a partir de los años 50 y prescrito a mujeres gestantes para evitar náuseas y vómitos durante el embarazo. Sin embargo, provocó gravísimas malformaciones connatales que fueron conocidos en los afectados a partir de 1961.

Hasta la fecha, sólo 24 víctimas habían recibido ayudas, de acuerdo con una disposición de los PGE de 2009. «Ese intento de reparar a las víctimas, sin embargo, se enfrentó a serios problemas para determinar la relación de afectados por la talidomida», señalan desde Derechos Sociales.

Para determinar las ayudas que ahora se aprueban se han realizado más de 600 análisis complejos. En el proceso, genetistas del Sistema Nacional de Salud, «sin participación de la industria farmacéutica ni de empresas privadas», han diseñado un panel de genes único en el mundo.

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