Calviño, sobre el posible veto a Huawei y ZTE: «Estamos en constante diálogo para garantizar la seguridad»

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que España está en «constante diálogo» con las autoridades de la Unión Europea para «garantizar la seguridad» de sus redes de telecomunicación, en particular de las de 5G, en relación con la posibilidad de incluir a las empresas chinas Huawei y ZTE en la lista de proveedores de alto riesgo.

En el marco de su participación en la sexta edición del DigitalES Summit que se celebra este jueves y viernes en Madrid, la ministra de Economía ha destacado que España se ha adaptado a la normativa comunitaria y que está aplicando la «caja de herramientas que recomienda Bruselas».

En ese sentido, hace un par de semanas la Comisión Europea aseguró que estaba «absolutamente justificado» que varios países de la Unión Europea hayan decidido excluir a Huawei y ZTE del despliegue de sus redes de 5G al considerar que se trata de proveedores que plantean serios riesgos para la seguridad nacional.

«La Comisión ha publicado una comunicación que confirma que la decisión tomada por ciertos Estados miembro de restringir o excluir completamente a Huawei y ZTE de sus redes 5G está absolutamente justificada y en línea con las recomendaciones (de Bruselas)», resaltó por su parte el comisario de Mercado Interior y encargado de Telecomunicaciones, Thierry Breton.

En este contexto, Huawei emitió poco después un comunicado en el que manifestó su rechazo a los comentarios de la Comisión Europea. «Huawei se opone firmemente y está en desacuerdo con los comentarios realizados por los representantes de la Comisión Europea. Está claro que no se basan en una evaluación verificada, transparente, objetiva y técnica de las redes 5G», aseveró la compañía.

En ese sentido, la empresa china subrayó que comprende la «preocupación» de la Comisión Europea por proteger la ciberseguridad en la UE, sin embargo, ha opinado que las restricciones o exclusiones basadas, en su opinión, en «juicios discriminatorios», plantearán «graves riesgos económicos y sociales».

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