JUPOL inicia los trámites para reclamar en los tribunales el derecho de huelga en la Policía
El sindicato JUPOL ha anunciado este martes que reclamará por la vía de lo contencioso-administrativo que se acepte el derecho de huelga en la Policía Nacional, dentro de una estrategia en la que se apoyarán en el dictamen emitido en octubre de 2021 por el catedrático en Derecho Constitucional Juan Cano Bueso.
El sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía, un órgano que se renueva mediante elecciones el próximo 28 de junio, ha explicado este martes que pretenden aprovechar la reciente admisión a trámite por el TSJ de Madrid de un procedimiento judicial por vulneración de derechos fundamentales para plantear que se regule la convocatoria de huelga, como ocurre en otros países europeos.
«Ahora solo se permite el derecho a sindicarse libremente, pero ni se puede declarar una huelga ni son compensados económicamente por la pérdida de ese derecho», han indicado en una rueda de prensa el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, junto a representantes del despacho jurídico Lara Peláez y González Abogados y del sindicato de la Ertzaintza SiPE y CSIF en la Policía Municipal.
En este sentido, han puesto en valor el contar para fundamentar su demanda ante el TSJ de Madrid o, en su defecto, ante el Tribunal Constitucional con el dictamen de Juan Cano Bueso, de quien han subrayado su currículum como catedrático de Derecho Constitucional, letrado mayor del Parlamento andaluz y miembro del Consejo Consultivo de esta comunidad autónoma.
ABIERTOS A LIMITACIONES, PERO SIN PROHIBICIÓN
En su opinión, el derecho a la huelga es un derecho fundamental, por lo que en la Policía Nacional debería estar sometido en todo caso a «peculiaridades o limitaciones», como podría ser fijar unos servicios mínimos elevados, pero no a una prohibición expresa que, según su interpretación, «la propia Constitución Española no recoge ni regula».
JUPOL y el resto de organizaciones que respaldan esta iniciativa –surgida de una reivindicación de un agente ante la Dirección General de la Policía– aspiran a que el derecho de huelga se regule como en países europeos, citando los casos de Bélgica, Países Bajos y Suecia, donde hay limitaciones, o como Noruega o Eslovenia, donde no existen tales limitaciones.
Con su estrategia aspiran a acabar con el «veto» a un derecho fundamental como es el de huelga dentro de la Policía debido a la regulación que se aplica mediante la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las leyes de régimen disciplinario y de personal de la Policía.
