Gobierno argentino, sindicatos y organizaciones sociales critican la represión en la provincia de Jujuy

Al menos 21 personas siguen detenidas

MADRID, 18

Organismos oficiales de Derechos Humanos, sindicatos, organizaciones sociales, campesinas y políticas han condenado la represión de las protestas contra la reforma de la constitución regional en Purmamarca, en el norte de la provincia de Jujuy.

Efectivos policiales se han desplazado de nuevo hasta el lugar para intentar desmantelar los cortes de carreteras, pero los manifestantes han mantenido los cortes en las rutas nacionales 9 y 52 en la que es ya la segunda jornada consecutiva de manifestaciones, informa la agencia de noticias argentina Télam.

Durante la jornada del sábado en Purmamarca, a 65 kilómetros de la capital provincial, San Salvador de Jujuy, se contabilizaron cuatro intervenciones policiales contra integrantes de comunidades indígenas que se manifestaban contra la reforma de la Constitución aprobada recientemente.

Fueron detenidas más de 40 personas y hubo al menos una decena de heridos. Los detenidos fueron en su mayoría trasladados hasta la unidad penal del barrio Alto Comedero de la capital de Jujuy. Este domingo continuaban detenidas 21 personas (13 hombres y 8 mujeres).

El secretario de Derechos Humanos del Gobierno federal, Horacio Pietragalla Corti, y responsables del Ministerio de Desarrollo Social se han desplazado a la zona brindar asistencia a los afectados, entre ellos las personas detenidas.

«La policía utilizó mecanismos represivos que dejan sin posibilidad de reacción porque va contra los centros neurálgicos, causando lesiones gravísimas. La pérdida de un órgano es una lesión gravísima», ha apuntado el abogado Alejandro Cejas, que representa al periodista de Purmamarca Camilo Galli y al bonaerense Hernán Oviedo.

«Había un joven que perdió un ojo y permanecía internado en Maimará y otra señora está con perdigones en la cara, en la boca y en el ojo, pero no podían ser derivados en las ambulancia ya que solo esto estaba disponible para los efectivos policiales», ha denunciado.

«Las balas de goma, por más que sean de goma, no podés hacerla (disparar) a la cara. Es una locura lo que están haciendo jurídicamente», ha añadido.

Otro abogado, Lucio Plaza, ha explicado que su defendido «estaba bastante golpeado y atemorizado». «Él ni siquiera estaba manifestando en ese momento porque estaba comiendo, pero lo señalaron como una persona infiltrada y se lo llevaron», ha indicado.

Los abogados cuestionaron que «no hayan seguido los protocolos ni tampoco la reglamentación que establece el código procesal penal». La imputación contra los detenidos es por artículo 194 del Código Penal que establece la prohibición de cortes de vías de comunicación, un delito penado con entre ters meses y tres años de cárcel.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Jujuy, Carlos Perro Santillán, ha denunciado que «las fuerzas han actuado ferozmente contra el pueblo jujeño, por lo que hacemos responsable al gobernador Morales por la sangre derramada y por cualquier otro atropello que siguiera realizando contra el pueblo».

Por su parte, la responsable del Frente de Izquierda Natalia Morales, quien también fue detenida y luego liberada, destacó la «enorme resistencia de las mujeres indígenas y los pueblos originarios de Jujuy en Purmamarca tras la represión».

«Las comunidades indígenas están de pie en defensa de sus territorios, del agua y contra el saqueo. Saben que la reforma afecta sus derechos», ha argumentado.

La Convención Constituyente de Jujuy aprobó en la madrugada del viernes la reforma parcial de la Constitución provincial con el apoyo del oficialismo y del Frente Justicialista. La normativa incluye la «prohibición de cortes de ruta» durante protestas, las manifestaciones que limiten la libre circulación o la ocupación de edificios públicos. Además despoja a las comunidades originarias de sus tierras, denuncian.