Afea a «políticos crear el caldo de cultivo»

SEVILLA, 12

El Gobierno andaluz ha salido este lunes en defensa del sector fresero ante las conclusiones de un grupo de trabajo del Consejo de Europa sobre las condiciones laborales de la población inmigrante que trabaja en este sector.

Por ello, ha demandado un «ya está bien» tras sostener que «es un sector responsable, que hace las cosas bien» y ha considerado que la situación obedece a que «determinados responsables políticos han creado el caldo de cultivo perfecto para que se orqueste una campaña sistemática para hablar mal del sector».

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, le ha puesto voz a este pronunciamiento de la Junta de Andalucía, que se ha producido en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

Fernández-Pacheco, quien en primer término ha esgrimido que se trata de una competencia estatal la Inspección de Trabajo, ha esgrimido la contribución económica del sector, del que ha recordado que representa el 98% de la producción nacional y de un 30% de la Unión Europea, mientras que ha defendido que «no vamos a permitir que se ataque» al sector de la fresa, punto donde ha evocado la carta que le remitió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada en ese sentido.

Este lunes el Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA) del Consejo de Europa ha denunciado en su último informe sobre esta materia las condiciones laborales que viven personas migrantes en los campos de fresa de Huelva.

El documento recoge un viaje realizado por una delegación de este grupo de expertos a España, entre el 4 y el 8 de julio de 2022, en el que, entre otros destinos, eligieron la provincia andaluza por ser, según ha indicado, «una de las principales regiones productoras» de esta fruta.

En su relato, señalan que en el momento de su visita a dichos campos había 25 asentamientos «informales» en donde vivían 914 migrantes (incluidas 99 mujeres), en su mayoría trabajadores indocumentados de Marruecos, Malí y Ghana, aunque, según apunta GRETA, a su llegada fueron informados de que durante la temporada de cosecha, «hay muchos más trabajadores» allí establecidos.

El grupo de expertos del Consejo de Europa determina que estas personas «viven en chozas hechas de láminas de plástico que se utilizan para cubrir los campos de fresas» que «no hay acceso a agua potable, electricidad ni saneamiento» y que son ONG como Mujeres en Zona de Conflictos , Cruz Roja, Cáritas o ACCEM quienes brindan ayuda humanitaria en el lugar.

También explica que se ha llegado a montar un centro de día cerca de los campos para proporcionar bienes y servicios básicos a los migrantes, pero que su continuidad peligra, según explicaron las ONG a GRETA, por «falta de financiación pública».

SIN INSPECCIÓN DE TRABAJO

Los expertos de GRETA se han mostrado preocupados de que «los inspectores de trabajo no tengan mandato para acudir a los asentamientos» y que solo vaya la Guardia Civil en caso de incidentes o para identificar a personas vulnerables como mujeres embarazadas o mujeres con niños.

«Sin embargo, no se han identificado víctimas de trata entre las personas que viven en los asentamientos informales», indica el informe.

GRETA advierte de que existen otros asentamientos similares en otras partes del territorio español y, en este sentido, los expertos se han mostrado «profundamente preocupados por la inacción de las autoridades ante esta situación humanitaria que se prolonga desde hace varios años y genera mayores riesgos de trata de personas».