Cepyme traslada a Economía sus preocupaciones ante la puesta en marcha de la factura electrónica

El presidente del Observatorio de la Morosidad de Cepyme, Luis Collado, se ha reunido este lunes con la directora general de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos, Elena Aparici, a quien ha trasladado, junto a otras organizaciones integradas en esta organización, algunas «preocupaciones» ante la puesta en marcha de la factura electrónica, como las relativas a la protección de datos o el periodo de adaptación por el que tendrán que transitar las pymes.

Cepyme considera que para que la factura electrónica sea considerada como un instrumento positivo de cara a facilitar el control y el cumplimiento de los plazos de pago es «imprescindible diseñar de manera minuciosa su implantación y los sistemas de información, así como medidas de ayuda para lograr un funcionamiento sencillo en empresas y autónomos».

Los representantes empresariales han expresado a Aparici que existen «debilidades» que no soluciona por sí sola la próxima implantación de la factura electrónica, como el desigual poder de negociación de las empresas según su tamaño o la morosidad del sector público.

En este sentido, el Observatorio ha pedido que la revisión de la directiva europea de lucha contra la morosidad se agilice, así como que se defina un plazo máximo de pago por parte de las empresas y las administraciones Públicas.

Para Cepyme, es esencial que se concreten cuestiones como el modo de contabilizar la morosidad y su plazo de inicio con el fin de homogeneizar los criterios y dar más certidumbre.

Debido a que la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio puede suponer un «freno» a las prioridades establecidas para la Presidencia española del Consejo Europeo, Cepyme insta a acelerar la tramitación de esra norma e intentar que se culmine antes de las elecciones al Parlamento Europeo.

«Es necesario zanjar la morosidad de las Administraciones Públicas y evitar que ayudas a sectores más necesitados, como las facilidades para la industria gas intensiva, se traduzcan de forma directa o indirecta en aumentos de la morosidad», ha concluido la organización en un comunicado.