Crear un fondo europeo para financiar inversiones en redes puede «perjudicar» a algunos países en su reparto

Operadores y grandes plataformas tecnológicas mantienen un pulso sobre quién y cómo se debe financiar la mejora de las redes

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha elaborado un informe sobre la regulación del sector de las telecomunicaciones y los mercados digitales en la Unión Europea (UE) en el que indica que una de las posibilidades para hacer frente a las inversiones en redes que deben realizar los operadores para gestionar el aumento del tráfico en los próximos años es la creación de un fondo europeo.

En medio del debate en la UE sobre cómo financiar las inversiones en redes que enfrenta a los operadores y a las grandes tecnológicas, Fedea apunta que en caso de que la Comisión Europea opte por que las segundas deban contribuir, una de las posibilidades sería el establecimiento de un fondo europeo, el cual, en su opinión, podría «perjudicar» a los países del bloque «más exitosos en el fomento de redes de nueva generación».

«Se establecería un fondo a nivel europeo para contribuir a las inversiones del sector de las telecomunicaciones, fondo al que también contribuirían los grandes CAPs (tecnológicas). Esta iniciativa tiene como desventaja su elevada complejidad y la dificultad a la hora de asignar los fondos recaudados, con el riesgo de perjudicar a aquellos países más exitosos en el fomento de redes de nueva generación. Es decir, que fuera la mayor parte del fondo a aquellos países con menores despliegues de fibra en la actualidad, con independencia de las causas subyacentes que expliquen esas diferencias», señala el análisis de la organización.

Otra posibilidad que contempla Fedea en un escenario en el cual la Comisión Europea opte por que las grandes tecnológicas contribuyan a la financiación de las inversiones en redes es el «establecimiento de una obligación genérica de negociar entre grandes CAPs y operadores de telecomunicaciones» y una «resolución vía conflicto en caso de no alcanzar un acuerdo».

A juicio de Fedea, esta segunda opción de regulación sería, en principio, «menos intrusiva» y con ella se definiría una obligación para las grandes tecnológicas de negociar y un derecho para los operadores de solicitar un acuerdo comercial para la prestación del servicio de transporte de datos.

«Si no se atiende la solicitud de negociación o no se llega a un acuerdo en un plazo determinado, una autoridad competente resolvería la cuestión vía conflicto», indica el análisis.

En ese sentido, estos «conflictos» tendrían un carácter nacional, dado que las interconexiones del tráfico de internet se realizan a ese nivel, por lo que, en principio, «las autoridades nacionales de reglamentación del sector de telecomunicaciones estarían bien situadas» para resolverlos.

En el caso de España, Fedea apunta que «sería razonable» que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fuera la autoridad competente.

«Cabe apuntar que este modelo recuerda la pasada regulación del mercado de la CNMC, donde se impuso a los tres operadores de red una obligación genérica de negociar con los potenciales operadores móviles virtuales y la CNMC solo intervendría vía resolución de conflictos en caso de que las partes no alcanzasen un acuerdo», subraya el documento elaborado por Fedea.

En este contexto, el autor del informe indica que si se considera que este tipo de resolución de conflictos a nivel nacional puede generar problemas de armonización, la Comisión Europea podría emitir directrices o actos delegados para proporcionar guías y principios más detallados para la resolución de conflictos y el régimen sancionador aplicable.

«En cualquier caso, la discusión sobre la pertinencia de un mecanismo de compartición de los costes de las redes, y en su caso su diseño, es ya un asunto de intensa discusión en el ámbito de las instituciones europeas y de los distintos agentes de la cadena de valor de internet, así como de los reguladores y Gobiernos», considera Fedea.

CONSULTA PÚBLICA

La semana pasada se cerró el periodo de aportaciones a la consulta pública abierta por la Comisión Europea en febrero de este año en relación con el establecimiento de un modelo económico sostenible para la industria de las telecomunicaciones en la UE.

Esta consulta pública ha reavivado el intenso debate entre los operadores de telecomunicaciones y las grandes plataformas tecnológicas dado que los primeros solicitan que los CAPs contribuyan a las inversiones necesarias en redes para soportar el aumento del tráfico que se prevé para los próximos años ante la consolidación del 5G y elementos como, por ejemplo, el metaverso.

En este contexto, según datos de la propia Comisión Europea, existe un déficit de 174.000 millones de euros para lograr los objetivos de conectividad y digitalización de la UE para 20230.

«El tráfico de datos ha crecido más de un 30% anual en la década pasada y es de esperar que siga este ritmo de crecimiento en los próximos años. En contraste, los ingresos de los operadores en Europa han disminuido un 0,7% en los últimos años», explica Fedea en su informe.

Sin embargo, los principales protagonistas de este incremento del tráfico son un «grupo reducido de grandes plataformas digitales», como Google, Amazon, Meta (propietaria de Facebook, WhatssApp e Instagram), Apple, Microsoft o Netflix, entre otras, que representan «más del 50% del tráfico de internet».

Por estas razones, los operadores consideran que las grandes plataformas deben contribuir a las inversiones que deben realizar para gestionar los incrementos de tráfico y cumplir así con losobjetivos de digitalización de la UE para 2030.

No obstante, las grandes plataformas digitales argumentan que un pago por el uso de la red atentaría contra la neutralidad de internet, al tiempo que argumentan que ya realizan inversiones sustanciales que benefician a los operadores, como en cable submarino, por ejemplo.

Otro de los inconvenientes que esgrimen las grandes plataformas tecnológicas es que obligarles a contribuir a las inversiones iría en detrimento de los usuarios debido a una posible subida de los precios de sus servicios o a la pérdida de calidad en los mismos.