DigitalES ve «inasumible» limitar a 3 minutos la espera telefónica de los clientes y pide suavizar la medida
La Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) ha urgido al Senado a que suavice del 95% al 90% el volumen mínimo de llamadas telefónicas de los clientes que las empresas tendrán la obligación de atender de forma personalizada en un plazo inferior a tres minutos dado que, en su opinión, supondrá unos «costes inasumibles» para «muchas compañías».
La medida está incluida en el Proyecto de Ley de Atención a la Clientela que el Congreso remitió a la Cámara Alta el pasado marzo y cuyo plazo de enmiendas en el Senado finaliza el próximo 18 de mayo.
«A menos de una semana de que se cierre el plazo para presentar enmiendas en la Cámara alta, la patronal tecnológica solicita a los grupos parlamentarios introducir cambios urgentes en un texto legislativo que generará unos costes inasumibles para muchas compañías, en especial para las empresas de mediano tamaño, de todos los sectores sobre los que aplicará esta Ley (…) de la que, en cambio, queda excluido el sector público», ha defendido la patronal de las empresas de telecomunicaciones en España.
Según ha argumentado DigitalES, la obligación de atender de forma personalizada el 95% de las llamadas de clientes en un plazo inferior a tres minutos es equivalente a la exigencia legal de los servicios de carácter crítico, como el teléfono de emergencias 112.
A su juicio, eso requerirá que «miles de empresas en España sobredimensionen sus centros de atención al cliente, además de invertir en nuevo almacenamiento para las llamadas».
«Desde DigitalES consideramos que la regulación debe ser razonable y respetuosa con la sostenibilidad de los negocios de todos los tamaños», ha subrayado la organización.
Por otro lado, la patronal también ha solicitado a los grupos parlamentarios del Senado que planteen modificaciones en la redacción actual del texto normativo «en atención a la inseguridad jurídica que pudiera ocasionarse de la interferencia de este con las normas en vigor de protección de datos».
