Petro se reúne con el Tribunal Supremo, que pide «encauzar las diferencias» con el fiscal Barbosa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha reunido este miércoles con miembros del Tribunal Supremo para tratar de suavizar las tensiones entre el mandatario y el fiscal general, Francisco Barbosa, con quien en los últimos días ha patrocinado una disputa dialéctica.

Según un comunicado del Tribunal, la reunión ha reafirmado el compromiso de todas las partes a la «adhesión al principio de separación de poderes como presupuesto esencial del Estado de derecho».

También han asegurado que coinciden con Petro en la necesidad de «encauzar las diferencias» entre ambas partes a través del «respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial».

Por su parte, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, ha asegurado que por parte del presidente hay «absoluta disponibilidad» a reunirse con el fiscal para tratar la cuestión en persona, aunque no hay todavía ninguna fecha pactada para ello.

También ha aclarado que él mismo está dispuesto a agendar un encuentro con Barbosa para escuchar todas las cuestiones que el fiscal quiera discutir con el representante del Gobierno en este campo, según declaraciones recogidas por la cadena W Radio.

Este mismo martes, el fiscal Barbosa ha vuelto a criticar al presidente pidiéndole que «se serene» y se atreva a destituirle si realmente considera que como jefe de Estado tiene la capacidad de mandar sobre los fiscales, dando de este modo una suerte de «golpe de Estado judicial»

El fiscal general reprochó la semana pasada al presidente que estuviera señalando a fiscales, acusándole incluso de estar poniendo sus vidas en peligro. Petro, por su parte, defendió hacerse eco de una investigación periodística en la que se evidenciarían supuestos vínculos entre el fiscal Daniel Hernández y el Clan del Golfo.

Estas explicaciones no solo no convencieron a Barbosa, sino que le motivaron para elevar el tono y acusar a Petro de actuar como un «dictador». El presidente colombiano salió al paso para asegurar que, como jefe de Estado, puede nombrar y destituir a los fiscales, un extremo rechazado por el propio Tribunal Superior de Justicia.