El Parlamento de Cataluña, con el rechazo de ERC, CUP y comuns, exige recursos para las «ocupaciones delincuenciales»

BARCELONA, 4

El Parlamento de Cataluña, con el voto en contra de ERC, CUP y comuns, ha aprobado este jueves una iniciativa de Ciudadanos para instar al Gobierno catalán a prestar apoyo y los recursos necesarios a los ayuntamientos para eliminar «los efectos perjudiciales de las ocupaciones delincuenciales». Sí que ha contado con el apoyo de PSC, Junts, Vox, CS y PP.

La diputada de Ciudadanos Anna Grau ha presentado la moción en el pleno, de cuyo contenido también ha salido adelante un punto que rechaza «cualquier acción amenazadora o intimidatoria por parte de personas o colectivos que buscan desestabilizar los barrios con acciones violentas contra la desocupación de inmuebles usurpados, como han sido los casos mal denominados de Can Vies y El Kubo» de Barcelona.

También ha prosperado el que declara que garantizar el derecho de acceso a la vivienda es competencia de las administraciones públicas que deben actuar a través de políticas públicas y con recursos económicos diferentes, y la que destaca que las «ocupaciones delincuenciales degradan la convivencia y cohesión social en su entorno y generan gran malestar» entre los vecinos.

Grau, tras recordar que envió una carta a todos los candidato a la alcaldía de Barcelona y a todos los diputados sobre esta cuestión, ha llamado a anteponer el bien común al interés partidista: «No se trata de desalojar o desokupar a ostias, sino de sacarles de la madriguera política».

La diputada de Junts Marta Madrenas ha manifestado la preocupación de los municipios por la ocupación pero ha cuestionado el redactado «chapucero y demagógico» de la moción, lo que ha dificultado que pudieran negociarla más allá de las tres enmiendas que Cs les ha aceptado.

«NI UNA SOLA MEDIDA»

«No ha pedido ni una sola medida en la moción. Declaraciones muchas, pero medidas ninguna. Es un resumen de toda la acción política de Cs y Vox», ha sostenido el diputado del PSC-Units Oscar Aparicio, que ha atribuido la moción presentada por Anna Grau a la campaña electoral de las municipales.

También lo ha hecho la diputada de los comuns Susanna Segovia, que ha calificado la moción de ser «un absoluto despropósito, llena de inconcreciones y falsedades», y ha criticado que no formule, a su juicio, ninguna propuesta para garantizar el acceso a una vivienda a las familias vulnerables que se ven obligadas a ocupar.

«Esto les importa un pepino», ha dicho el diputado de la CUP Xavier Pellicer, que ha acusado a Cs de haber puesto sobre la mesa la calculadora electoral para rascar votos en el barrio de la Bonanova de Barcelona –donde está El Kubo–, y ha aprovechado para apoyar la ocupación de centros sociales comunitarios.

La diputada de ERC Anna Balsera ha coincidido en enmarcar la moción en la campaña electoral y ha pedido huir de «discursos populistas» y de los que quieren infundir miedo y crear alarma social entre la ciudadanía.

Desde Vox, el diputado Alberto Tarradas ha acusado al Gobierno y Generalitat de llevar años legislando para proteger a los que ocupan viviendas y de dar la espalda a las familias, motivo por el que considera que Cataluña se ha convertido «en el paraíso de la ocupación».

El diputado del PP Daniel Serrano ha defendido que la ocupación es un problema de primer orden y ha negado que en su mayoría tenga que ver con la dificultad que tienen determinadas familias vulnerables para acceder a un vivienda, un problema ante el que las administraciones deben buscar una solución, ha dicho.

OTRA MOCIÓN

El pleno ha debatido otra moción sobre vivienda, presentada por la CUP, de la que ha salido adelante un punto que insta a la Generalitat a presentar, en el plazo de un mes, el informe de cumplimiento de las actuaciones previstas en la moción sobre las medidas para acabar con las listas de espera de las mesas de emergencia y para alojar en viviendas a las familias con niños.

Sin embargo, se ha rechazado pedir «sancionar de oficio a todos los grandes propietarios que incumplan la ley, también en los casos de personas en situación administrativa irregular o de ocupaciones», así como a hacer público el censo de grandes propietarios que incumplan la ley de emergencia habitacional.

Tampoco ha prosperado el punto que emplazaba al Govern a estudiar «las posibilidades jurídicas y técnicas de la realización de acciones legales contra grandes propietarios por vulneración de derechos, especialmente en los casos en que se desahucien a niños, personas mayores y personas en situación de vulnerabilidad».