Policías y guardias civiles recelan de la Ley de Vivienda por «entorpecer» los operativos contra okupas

Critican que no se haya tenido en cuenta su opinión, como ya ocurrió con la malograda reforma de la ley mordaza

Varios sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han mostrado su recelo tras aprobar el Congreso la Ley de Vivienda al considerar que puede «entorpecer» operativamente sus actuaciones contra okupas y también en casos de desahucios. La crítica parte de que el Gobierno no ha tenido en cuenta su opinión, como ya ocurrió con la malograda reforma de la ley mordaza de seguridad ciudadana.

«La nueva Ley de Vivienda no hace más que ahondar en la inseguridad que ya sufren los policías ante este tipo de situaciones», ha apuntado en declaraciones a Europa Press Hugo del Prado, portavoz de JUPOL.

Según este sindicato de la Policía, con esta norma «no podrán intervenir por sorpresa al tener que comunicar el día y la hora con antelación a la intervención policial para el desalojo de la vivienda ocupada».

La nueva ley incorpora una batería de modificaciones legales para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles, y se impedirán desalojos cuando no se haya intentado un acto de conciliación. Desde el Ejecutivo se ha subrayado la diferencia entre actuaciones por impagos y aquellos casos en los que se actúa contra okupas .

SE PIERDE EL ELEMENTO SORPRESA

«En lo operativo, nos parece que la Ley perjudicará y entorpecerá nuestro trabajo de manera evidente», ha añadido el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Víctor M. Vigil, que también destaca que se pierde el «elemento sorpresa», lo que pone en riesgo la seguridad de los agentes.

«Si hay incidentes planificados previamente para entorpecer o impedir el desalojo pueden derivar en alteraciones del orden público y poner en riesgo a terceras personas», ha añadido el portavoz de la CEP, reacio a que se tenga que se tenga que «comunicar fecha y hora del lanzamiento». «Estamos ante una novedad innecesaria y que supone un obstáculo muy importante para la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», ha remarcado.

Desde los sindicatos policiales consideran que «vuelve a ser llamativo» que una reforma normativa que afecta al trabajo policial se plantee sin siquiera recabar la opinión de los representantes de las organizaciones representativas, como la ocurrió con la ley mordaza que no ha conseguido reformar el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos por la falta de apoyo de sus socios parlamentarios.

Como ejemplo contrario, citan el caso de la Ley del Deporte, donde sí se contó en su día con la aportación de representantes de las Fuerzas de Seguridad.

«No pedimos condicionar la agenda política de este país pero sí que se nos escuche cada vez que se plantee un cambio legal que pueda perjudicar nuestros cometidos. Entre otros motivos, para evitar riesgos jurídicos en nuestro trabajo y poder garantizar la integridad de los policías en intervenciones que, como ocurre con las usurpaciones de viviendas, plantean riesgos operativos evidentes», ha indicado Víctor M. Vigil.

Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han insistido en esto último al reclamar al Gobierno acabar con las «lagunas» a través de «protocolos e instrucciones claras y con garantías jurídicas» para los agentes.

«Los guardias civiles trabajan para garantizar el respeto a la ley y la protección de los derechos de los ciudadanos y, en este sentido, defendemos la necesidad de dotarlos de los recursos y herramientas necesarios para combatir eficazmente la okupación ilegal», ha concluido el portavoz de AUGC, Pedro Carmona.

INSTRUCCIONES DE 2020

En septiembre de 2020, tanto la Fiscalía como el Ministerio del Interior dictaron sendas instrucciones para unificar los protocolos de actuación frente a la okupación , tanto en allanamiento como usurpación, pero ya entonces los principales sindicatos reaccionaron con frialdad al entender que «no aportaba nada nuevo» y mantenía la inseguridad «personal y jurídica» para los agentes actuantes.

Las denuncias por estos delitos de okupación bajaron un 3% en 2022 y un 11% en el primer trimestre de 2023, aunque 2021 marcó récord con 17.274 casos, según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. Cataluña sigue de forma destacada a la cabeza al contabilizar 1.673 casos hasta el 31 de marzo, el 42% del total.

Frente a las críticas de los principales partidos de la oposición, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha sostenido que la nueva Ley de Vivienda no dificulta desalojos en viviendas, recordando además que el Ejecutivo tramita dentro de la Ley de Eficiencia Procesal mecanismos para en 48 horas «expulsar a los okupas con k que acceden ilegalmente a las viviendas».