Madrid esperará a conocer «con claridad» qué norma pretende recurrir el Gobierno ante el TC antes de pronunciarse
La Comunidad de Madrid esperará a conocer «con claridad» la norma autonómica que el Gobierno de España pretende recurrir ante el Tribunal Constitucional por considerar que recorta el derecho a la eutanasia de las personas con discapacidad tuteladas, antes de pronunciarse al respecto.
Así lo ha señalado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Ejecutivo regional, Enrique López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de conocerse que el Gobierno de España recurrirá ante el Constitucional la ley de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (Amapad).
«Lo que me gustaría conocer es qué norma va a recurrir el Gobierno central y cuando nos lo comunique, lo valoraremos», ha defendido López, quien ha puntualizado que las advertencias de recursos se dan frente a normas «aprobadas y publicadas» en el Boletín Oficial, tanto de la Comunidad Autónoma como en el del Estado. «Cuando el Gobierno nos determine con claridad qué es lo que quiere recurrir, lo que va a recurrir, creo que al fin lo valoramos», ha zanjado el consejero.
Según avanzó este miércoles la Cadena Ser y confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Política Territorial, el Ejecutivo central considera que la norma de creación de la Amapad, que en febrero tomó el relevo de la antigua Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA), recorta el derecho a la eutanasia de las personas con discapacidad tuteladas por la Comunidad de Madrid.
En la norma, que entró en vigor en febrero, el ejecutivo autonómico obliga a las personas con discapacidad, según la información de la Ser a tener una autorización judicial para recibir la ayuda a morir, aunque hayan suscrito con anterioridad el testamento vital, el documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas.
INVASIÓN DE COMPETENCIAS
El Gobierno central considera que imponer el aval de un juez es añadir un requisito adicional que vulnera la ley de eutanasia, avalada por el Tribunal Constitucional, e invade competencias exclusivas y de coordinación que corresponden al Estado.
Según recoge la ley que será recurrida, la Agencia para el apoyo de Personas Adultas con Discapacidad (Amapad) se encargará de garantizar los derechos e impulsar la autonomía de las personas que requieren de acompañamiento para ejercer su capacidad jurídica y su aprobación atendió a la necesidad de adaptar la normativa reguladora de la entidad a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York de 2006 y la Ley 8/2021, de 2 de junio.
La disposición adicional segunda, «en favor del derecho reconocido de la vida de las personas con discapacidad», recoge que «cuando se pretenda llevar a cabo cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de la persona con discapacidad a la que se haya provisto de un apoyo de carácter representativo para el ejercicio de la capacidad jurídica o se determine de manera expresa en la resolución que estableció el apoyo, se tramitará un procedimiento de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial».
La nueva agencia tomó en febrero el relevo de la AMTA con el fin de «desterrar» términos como «tutela o incapacitación», pero también para transformar «de forma definitiva» el modelo de intervención, según destacó durante su presentación la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa.
