El SUP pide a Marlaska endurecer penas por atentado a la autoridad tras el incidente con un cargo de Igualdad
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que reivindica endurecer las penas por delitos de atentado a la autoridad tras el incidente registrado en el aeropuerto de Santiago de Compostela en el que se vio implicado un funcionario y coordinador de área del Ministerio de Igualdad.
«En un escenario de escalada de violencia, vemos preciso reformar el Código Penal e impulsar las medidas legislativas necesarias para que los delitos de resistencia, desobediencia y atentado a la autoridad tengan una pena acorde a la gravedad del asunto», ha trasladado en declaraciones a los medios el portavoz de SUP en Galicia, Roberto González.
Integrantes del sindicato se han personado este lunes en la causa abierta en los Juzgados de Santiago de Compostela por el incidente en Lavacolla, y han informado del envío a la carta al ministro del Interior en la que el SUP reivindica la imagen de la Policía Nacional como «uno de los bienes más preciados».
Por este motivo le recuerda a Marlaska que ya «con anterioridad» le había trasladado la necesidad de «reforzar y proteger» las actuaciones de los agentes, según el escrito consultado por Europa Press.
«DIARIAMENTE SE VULNERA EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD»
Como argumento, señala el SUP que «diariamente se está vulnerando el principio de autoridad en el quehacer diario». «Y no estamos hablando de palabras vacías, nos referimos a los datos publicitados en los balances de criminalidad donde, año tras año, las estadísticas reflejan unas cifras elevadas y, lejos de sufrir un proceso de relajación, estas continúan su estela ascendente», agrega.
Como ejemplo, alude al incidente del aeropuerto de Santiago, antes de reflexionar sobre que, si bien su condición de servidores públicos les «limita el enjuiciamiento moral de la acción y la capacidad para «ejercer las tareas encomendadas», sí reivindican «la puesta en marcha de iniciativas legislativas necesarias para restablecer el principio de autoridad y a quienes lo encarnan».
«No cejaremos en el empeño de trasladar la necesidad de endurecer las penas asociadas a este tipo de delitos», advierte el SUP, quien alude a los «múltiples» pasos legislativos dados, por ejemplo, en cuestiones ligadas con la seguridad vial.
«No hace mucho arrojar una colilla por la ventanilla no tenía ni la categoría de infracción, actualmente se encuadra en el apartado de las muy graves, con una cuantía de 500 euros y retirada de 6 puntos del permiso de conducir, previamente conllevaba sanción de 200 euros y la pérdida de 4 puntos», ejemplifica.
A continuación, «adelantando el compromiso y respeto a la sentencia», compara con la pena a un mes y 15 días de prisión a un diputado (no hace constar el nombre, pero se refiere a Alberto Rodríguez –quien accedió a un escaño en las Cortes en su día con la marca de Podemos–) al que «se le imputa un delito de atentado a los agentes de la autoridad». Una pena que fue sustituida por una multa económica de 540 euros (90 días con una cuota diaria de seis euros).
«Vaya por delante que no podemos estar más de acuerdo con todas las propuestas y herramientas que tengamos a nuestra disposición con la finalidad de hacer de nuestras carreteras un lugar más seguro. Pero en este mismo sentido, también solicitamos una evolución y actualización de las penas asociadas a los delitos contemplados en nuestro Cógido Penal conexos con el principio de autoridad», zanja SUP.
