España afirma que la reclamación de default de un fondo no tiene nada que ver con la deuda del Estado
El Gobierno de España ha considerado que la posible reclamación de activación de default de cuatro emisiones de bonos por el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments «no tiene nada que ver con la deuda del Estado».
Según informó la agencia Bloomberg, Blasket Renewable Investments LLC quiere que España acelere el pago de una emisión de deuda de unos 248 millones de euros (unos 226 millones de euros) con vencimiento en 2029, después de que el país no llegara a un acuerdo por cerca de 1.200 millones de dólares (unos 1.094 millones de euros) en laudos arbitrales por los recortes en el pasado a las primas por las energías renovables.
Al respecto, fuentes del Ministerio de Economía indicaron a Europa Press que cualquier iniciativa, por cualquier canal en contra del Reino de España basada en estos laudos, tendrá «respuesta en el ámbito adecuado porque la posición de España está muy bien asentada y desde luego no tiene nada que ver con la deuda del Estado».
Bloomberg indicó que el fondo señaló que la falta de pago de España ha desencadenado disposiciones de incumplimiento cruzado en el contrato de bonos que significan que el país está en default técnico.
El programa incluye otras tres emisiones en circulación, en dólares, yenes y euros, por un monto de 817 millones de dólares (unos 745 millones de euros) con una redacción similar de incumplimiento. Eso significa que España podría enfrentarse a solicitudes de rescate anticipado de deuda equivalente a unos 1.100 millones (unos 1.000 millones de euros).
En concreto, esta reclamación tiene que ver con los laudos en inversiones renovables por las medidas adoptadas por el Gobierno del PP en 2012 y 2013 que motivaron demandas ante el Ciadi, fundamentalmente, basándose en el Tratado de la Energía. Anteriormente, el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ya aplicó los primeros recortes a las primas a las renovables.
Las mismas fuentes del Ministerio precisaron que ha sido «un proceso largo» en el que España lógicamente ha defendido sus intereses. La base jurídica de las reclamaciones dentro de la UE ha quedado excluida porque el TJUE concluyó que los arbitrajes de inversiones dentro de la UE no son válidos, ya que los estándares de protección de las inversiones están asegurados por la normativa europea.
Así, subrayaron que esto ha hecho que la legalidad de los argumentos de España «haya quedado muy refrendada». «No obstante, como siempre ocurre con los laudos, hay otro tipo de intereses de quienes quieren sacar un beneficio», añadieron.
