PSOE y PP quieren reforzar la ley para evitar que los partidos eludan la prohibición de que se les condonen sus deudas

El PSOE y el PP están de acuerdo en la necesidad de reforzar la ley para evitar que los partidos políticos eludan la prohibición de que les condonen total o parcialmente las deudas que tienen contraídas con entidades financieras, un asunto del que viene advirtiendo el Tribunal de Cuentas en los últimos años.

La Ley de Financiación de Partidos Políticos establece, desde 2015, que las entidades de crédito no podrán efectuar condonaciones totales o parciales de deuda a las formaciones políticas. «Se entiende por condonación la cancelación total o parcial del principal del crédito o de los intereses vencidos o la renegociación del tipo de interés por debajo de los aplicados en condiciones de mercado», especifica la norma.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas viene apuntando la necesidad de dejar claro que esta prohibición no podrá eludirse «mediante la falta de pago de la deuda vencida de forma indefinida, de manera que, en la práctica, no se liquide».

Tanto el PSOE como el PP han cogido el guante del fiscalizador y han presentado sendas propuestas en este sentido ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. En ambos casos instan al Gobierno a reforzar la norma para que esa prohibición no pueda sortearse dejando de pagar indefinidamente la deuda vencida.

APORTACIONES DE LOS GRUPOS A LOS PARTIDOS

Además, el PSOE ha registrado un paquete de propuestas de resolución al informe de fiscalización de las cuentas de los partidos y las fundaciones vinculadas correspondientes a 2017, relativas a las aportaciones que los grupos institucionales realizan a sus respectivos partidos políticos.

En una de sus propuestas, a las que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas pide que «por seguridad jurídica» se regule la «posibilidad expresa» de que estos grupos institucionales realicen aportaciones a sus partidos. En concreto, hablan de «lograr la necesaria armonización» entre lo dispuesto en la Ley de Financiación de Partidos y en la Ley de Bases del Régimen Local.

El Tribunal de Cuentas defiende que esa Ley de Bases del Régimen Local debería fijar las «condiciones y requisitos» para que los grupos pudieran hacer aportaciones a sus partidos y subraya que, en todo caso, éstas deberían «responder a la finalidad de la dotación económica que se les asigna, estando, por lo tanto, vinculadas dichas aportaciones al cumplimiento de las funciones que los grupos institucionales tienen atribuidas».

A este respeto, el fiscalizador sugiere que las relaciones de colaboración entre las formaciones políticas y sus grupos institucionales se formalicen mediante convenios en los que se recojan los servicios que la formación política se compromete a prestar a cada grupo político, con una valoración económica de los mismos, así como el importe a aportar anualmente por parte de los grupos para compensar el coste de dichos servicios.

El PSOE no entra a tanto detalle en sus propuestas de resolución, pero sí apuesta por promover que la rendición de cuentas de los grupos institucionales se consolide para que refleje una «imagen fiel» a la realidad. También aboga por tomar medidas para evitar «actuaciones arbitrarias y contrarias» a la ley en lo referente a estas aportaciones por parte de las Intervenciones de los Fondos Municipales.

QUE LAS COALICIONES PARLAMENTARIAS RINDAN CUENTAS

Otra de sus propuestas busca que las coaliciones que, una vez constituidas las Cámaras, construyan una entidad autónoma y diferente de las formaciones que la integran se tengan que inscribir en el registro de partidos y remitir sus cuentas anuales al fiscalizador.

Los socialistas también consideran pertinente reformar la Ley de Financiación de Partidos para «definir claramente lo que haya de entenderse por los conceptos de aportaciones y donaciones» con el fin de evitar dudas sobre qué ingresos deben consignarse en cada una de las cuentas que deben tener los partidos para recibir esas cantidades.

Por otra parte, el PSOE plantea que se considere infracción grave la presentación de las cuentas de un ejercicio económico después de que el Tribunal de Cuentas haya realizado su anteproyecto de fiscalización de la contabilidad de los partidos que sí la presentaron en plazo.

De su lado, en sus propuestas de resolución, el PP acepta la sugerencia de Tribunal de Cuentas y se abre a revisar el mantenimiento de las subvenciones que reciben anualmente los partidos para hacer frente a sus gastos de seguridad, unas ayudas que se crearon en su momento por la existencia de ETA. El PSOE no dice nada de esa posibilidad en sus iniciativas.

Además, los populares demandan que el Ministerio del Interior actualice el Registro de Partidos Políticos a fin de poder saber qué formaciones están obligadas a enviar sus cuentas al Tribunal y se que apliquen las medidas previstas para que las formaciones que durante dos o más ejercicio presenten una situación patrimonial negativa elaboren un plan de saneamiento a fin de evitar que se declaren insolventes.

PSOE y PP también han registrado propuestas relativas a la última fiscalización de las fundaciones vinculadas a partidos, que data de los ejercicios 2019 y 2019. Así, el PSOE quiere instar a estas entidades a ajustar su actuación a la de sus fines fundacionales, evitando que su actividad «se limite a la mera tenencia de inmuebles o a la obtención de recursos» para los partidos a los que están vinculadas. El PP va más allá y sugiere sanciones para las fundaciones que no se ajustan a sus fines fundacionales.

Socialistas y populares coinciden en animar a las entidades de este tipo que están inactivas a disolverse y, además, el PP pide que se establezca como requisito para obtener subvenciones públicas la inscripción de las fundaciones en la sección específica del Registro de Partidos Políticos.

FIJAR CUANTÍA MÍNIMA PARA LAS DONACIONES DE EMPRESAS

Por último, el PP pide cambiar la ley para fijar una cuantía mínima para proceder a la notificación obligatoria, en el plazo de tres meses desde su aceptación, de las donaciones de personas jurídicas al Tribunal de Cuentas, teniendo en cuenta que esta institución solicita y analiza la relación completa de las aportaciones y donaciones en el desarrollo de los trabajos de fiscalización.