SEVILLA, 31

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha considerado este viernes que el informe de los letrados del Parlamento de Andalucía sobre la Proposición de Ley de los regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, una iniciativa conjunta de PP y Vox, «es lo mismo que dijeron en la anterior ley», en referencia a la iniciativa que presentaron ambos grupos en enero de 2022, para considerar que su pronunciamiento «es un aspecto meramente formal, es una cuestión de técnica legislativa».

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, tras presentar la Memoria 2022 y el proyecto 2023 de Festejos de Promoción de Nuevos Valores de las Escuelas Taurinas Andaluzas, Sanz ha afirmado sobre las recomendaciones de los letrados parlamentarios que «lo raro es que hubieran dicho algo distinto», para explicar seguidamente que «a los letrados les parece que una ley modifica a otra ley» y apuntar entonces que «nada impide que pueda modificar también desarrollos reglamentarios».

El consejero de la Presidencia ha sostenido que «en la práctica parlamentaria esto ocurre con muchos decretos leyes, tanto a nivel estatal, como en otras comunidades autonómas» y para argumentar entonces que las afirmaciones de los letrados del Parlamento andaluz son «una consideración hasta lógica».

«Es meramente formal, no es ningún impedimento legal», ha reiterado Sanz, quien ha estimado que «no es novedad» esas recomendaciones legales de los juristas parlamentarios.

Este jueves la edición andaluza de elDiario.es adelantó que los letrados parlamentarios han considerado que no ven «justificado» ni «razonable» ni «proporcionado» que dos grupos hayan presentado una Proposición de Ley, una ley específica, con la que se busca propiciar que agricultores que quedaron fuera en 2014 en su calificación como regadíos en el entorno de Doñana en el Plan de Ordenación de los Recursos del Parque ahora tengan la posibilidad de ser declarados suelos agrícolas regables con aguas superficiales.

Los juristas del Parlamento de Andalucía reconocen esa «situación excepcional», la existencia de actividad agrícola en una comarca colindante con el Parque Natural, para reprochar a los proponentes el uso de una norma con rango de ley a iniciativa del Parlamento y apuntan que el Gobierno andaluz puede legislar sobre el asunto con la aprobación de un nuevo reglamento.