El Gobierno murciano aprueba interponer un recurso ante el Supremo contra el «recorte» al Tajo-Segura

Ortuño critica que Ximo Puig ha presentado un recurso que es un «paripé» para «quedar bien» y «no molestar» a Pedro Sánchez

MURCIA, 23

El Ejecutivo murciano ha dado su visto bueno este jueves a la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra el «injustificado recorte» al trasvase Tajo-Segura «impuesto» por el Gobierno central, que «podría superar los 100 hm3 anuales, casi la mitad de su aportación actual a la cuenca del Segura, causando un grave e irreversible impacto económico, social y medioambiental en la Región».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, ha señalado que el recurso contencioso-administrativo «defiende los intereses de la Región de Murcia frente a los efectos del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de diversas demarcaciones hidrográficas», entre ellas, las del Tajo y el Segura, que las «hace incongruentes e incompatibles» entre sí.

El recurso del Gobierno de la Región de Murcia subraya el «nulo rigor técnico» y la «falta de respaldo científico» que apoye el incremento del caudal mínimo circulante en el río Tajo para garantizar su buen estado ecológico.

El Gobierno de la Región de Murcia rechaza esta modificación por basarse en informes «insuficientes y escasos de motivación que la respalden» y por haberse tomado de forma «unilateral» por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, «modificando el acuerdo previo alcanzado por las comunidades autónomas en el Consejo Nacional del Agua».

En este sentido, el Gobierno regional dice liderar así las medidas judiciales adoptadas también por los ejecutivos de Andalucía y la Comunidad Valenciana en contra de una decisión «arbitraria e injustificada» del Gobierno central que «atenta contra la solidaridad territorial» y «supone un grave perjuicio para todo el Levante español y para el mantenimiento de los cultivos más eficientes y rentables de España».

«La agricultura es uno de los pilares económicos de la Región de Murcia, y su declive tendría consecuencias devastadoras para la economía local, el empleo y el tejido social», ha manifestado Ortuño.

El recurso del Ejecutivo murciano destaca además el «serio daño medioambiental» que supondrá la reducción en las aportaciones del Trasvase, que «intensificará el proceso de desertificación, con repercusiones irreversibles en la biodiversidad y en la sostenibilidad medioambiental de la Región de Murcia».

CRITICA EL «PARIPÉ» DE PUIG

En la rueda de prensa, Ortuño también se ha referido al recurso presentado por el Gobierno valenciano ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura y en el que pedirá la suspensión cautelar de los caudales ecológicos.

Al ser preguntado a este respecto, Ortuño ha criticado que el presidente valenciano, Ximo Puig, ha presentado un recurso que es un «paripé». «Yo diría, más bien, que es un recursito para quedar bien, para cumplir y, por supuesto, para no molestar a su líder nacional y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez», ha apostillado.

«Si por algo se caracterizan los barones socialistas, es por anteponer los intereses de su partido a los intereses de los ciudadanos», según Ortuño, quien ha señalado que «es algo que vemos en la Región de Murcia y que también sucede en la Comunidad Valenciana».

Ha señalado que los propios regantes han calificado el recurso de la Comunidad valenciana como «decepcionante». «Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo con ese recurso que ya asume un recorte del trasvase», según Ortuño, quien ha afirmado que el Gobierno murciano no acepta «ningún recorte del trasvase: ni mucho, ni poco».

Así, Ortuño ha puntualizado que el Gobierno murciano ha trabajado en su recurso junto a las comunidades de regantes y los expertos jurídicos y técnicos de la Diputación de Alicante y de la Junta de Andalucía. «Y, evidentemente, nosotros vamos a ir con todos los argumentos jurídicos, técnicos y científicos para impedir el recorte del trasvase porque el agua es fundamental para el presente y el futuro de la Región», ha aseverado.

Por otro lado, Ortuño ha aclarado que la Comunidad Autónoma está recabando los informes necesarios para reclamar medidas cautelares hasta que se resuelva el recurso, con el fin de «evitar daños y perjuicios irreparables», en línea con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y la Diputación de Alicante.

Preguntado sobre cómo procederá la Comunidad si el Tribunal Supremo rechaza el recurso, el portavoz regional ha señalado que prefiere «no anticipar acontecimientos, ni hacer de futurólogos». «Nosotros tenemos muy claro, como ya dijo nuestro presidente, que vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para impedir el recorte del trasvase», ha precisado.

También ha concretado que el recurso estará listo «en los próximos días», tras semanas de trabajo coordinado con regantes y expertos de la Diputación de Alicante y la Junta de Andalucía. «Está prácticamente ultimado, se están dando los últimos retoques antes de presentarse formalmente», ha apostillado.

CONTACTOS CON MADRID

Al ser preguntado por si el Ejecutivo murciano ha mantenido algún contacto o reunión con el Gobierno de la Comunidad de Madrid teniendo en cuenta que el tramo crítico del Tajo en el que se aplican los caudales ecológicos transcurren por esa comunidad, Ortuño ha señalado que la Administración murciana está «abierta» al «diálogo y al entendimiento» con todas las autonomías, incluida Madrid «si fuera necesario».

«Todos nuestros esfuerzos, en estos momentos, se centran en ese recurso Contencioso-Administrativo ante el TS, en recabar todos los informes jurídicos y técnicos pertinentes y, en definitiva, en armar un buen recurso que impida el recorte al trasvase que ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez», ha zanjado.

Ortuño también ha sido preguntado por la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha de personarse contra el recurso interpuesto por la Comunidad Valenciana.

«Yo tengo que respetar lo que decida el presidente de Castilla-La Mancha, pero tengo que indicar que el asunto del agua es un asunto de Estado», según Ortuño, quien cree que «lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, al final, es enfrentar a unas comunidades con otras con este tipo de decisiones sectarias y sin ningún tipo de respaldo técnico».

«Por tanto, yo tengo que respetar lo que decida el presidente de Castilla-La Mancha, igual que él tendrá que respetar las decisiones que adoptamos desde el Ejecutivo autonómico», ha remarcado. Por ello, ha insistido en considerar «necesario alcanzar un gran pacto nacional por el agua donde se negocie con todas las partes implicadas, regantes y comunidades autónomas». Y se trata, añade, de una obligación del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.