Guinea Ecuatorial asegura que sus miembros del Gobierno no declararán ante la Justicia española
El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang, ha asegurado este martes que las autoridades ecuatoguineanas no colaborarán con la Justicia española en la investigación abierta por el presunto secuestro y tortura de dos ciudadanos españoles integrados en un movimiento opositor al régimen político del país.
«Guinea Ecuatorial no aceptará ni autorizará la comparecencia de los miembros del Gobierno ecuatoguineano citados (…) en una trama en la que claramente se ve que la justicia de España tiene intenciones políticas que pretenden denigrar la imagen del país», ha sostenido el hijo del presidente ecuatoguineano, popularmente conocido como Teodorín , en su perfil de la red social Twitter.
Así, ha remarcado que Malabo «no tiene acuerdos de extradición ni cooperación judicial con España». «Que le quede bien claro a la Justicia española», ha agregado.
Estas declaraciones tienen lugar días después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya accedido a tomar declaración por videoconferencia el próximo 28 de marzo de Carmelo Ovono Obiang, también hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, ya que la defensa consideraba desproporcionado que le hicieran viajar a España, dadas sus responsabilidades de Gobierno.
La querella que dio lugar a la causa, admitida el pasado octubre y ampliada un mes después, se centra en el presunto secuestro y las posteriores torturas que habrían sufrido cuatro miembros del movimiento opositor: los residentes en España Martín Obiang y Bienvenido Ndong; y los nacionales españoles Feliciano Efa y Julio Obama Mefuman, el cual murió en la prisión de Oveng Azem (Mongomo) por esas supuestas torturas.
El pasado enero, el juez pidió repatriar el cadáver del opositor fallecido y localizar a las demás presuntas víctimas para determinar también el estado de salud en el que se encuentran.
Sin embargo, la Comisaría General de Información, en un oficio al que tuvo acceso Europa Press, da cuenta a la Audiencia Nacional de que, «a pesar de los múltiples esfuerzos realizados al más alto nivel por la diplomacia española, existe una notable falta de información y compromiso de colaborar por parte de las autoridades guineanas».
