La Fiscalía archiva la denuncia contra Quiñones por su llamada a Revilla por el registro de Obras Públicas

Determina que le llamó cuando el dispositivo estaba ya desplegado y «sin posibilidad de repercutir en el resultado de la investigación»

La Fiscalía de Cantabria ha archivado las diligencias de investigación contra la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, por su llamada al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, informándole del registro de la Consejería de Obras Públicas del pasado 22 de febrero por la trama de carreteras , según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

De esta forma queda archivada la denuncia que presentó Cs, que consideraba que, con su llamada a Revilla, Quiñones podría haber incurrido en un presunto delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial y haber alterado el curso de la investigación.

LA LLAMADA A LAS 7.43 Y EL DISPOSITIVO DESPLEGADO DESDE LAS 6.15

Según el decreto de la fiscal superior, María Pilar Jiménez, en el que se informa del archivo, se indica que se ha constatado por el listado de llamadas se produjo a las 7.43, cuando ya el dispositivo de la Policía y la Agencia Tributaria estaba «totalmente desplegado» desde las 6.15 horas y, «en consecuencia, sin posibilidad material de repercutir en el resultado de la operación».

Y sobre la intencionalidad de la delegada del Gobierno con su llamada a Revilla, la fiscal sostiene que «los indicios existentes, la hora y el contenido de la llamada, avalan que Quiñones no tuvo intención de menoscabar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia ya que estaba informando tan solo del acordonamiento de la Consejería de Obras Publicas cuando ya se había efectuado».

«Todos los dispositivos que operaron en Cantabria se encontraban en el lugar donde se iba a proceder a efectuar los registros a las 6.10 horas de la mañana del 22 de febrero», se indica.

De hecho, se detalla, que en cuanto al dispositivo concreto que se desplazó a la Consejería de Obras Públicas, «se desplegó a las 6.15 por el exterior del edificio hasta que a las 7.10 horas se personó el vigilante de seguridad privada, al que se le informó de que se iba a proceder a entrar en el edificio con la preceptiva autorización judicial».

Se relata que, tras exhibir dicha autorización, se accedió a la quinta planta, donde estaban ubicados dos despachos que estaba previsto registrar y «se procedió a custodiarlos, impidiendo el acceso a cualquier persona, hasta que se personó la letrada de la Administración judicial, junto con el funcionario detenido» (el jefe del Servicio de Carreteras, Miguel Ángel Díez), «iniciándose el registro a las 13.40 horas, que finalizó a las 15.50 horas».

«Por tanto, a partir de las 7.15 horas el dispositivo que operó en la Consejería de Obras Públicas ya estaba custodiando los dos despachos afectados y nadie podía acceder a su interior. A partir de ese momento el dispositivo fue visible para los trabajadores del edificio y los ciudadanos que caminaban o circulaban en las inmediaciones del lugar», se detalla.

Por tanto, la fiscal superior indica que aunque la llamada de Quiñones se hubiera producido a las 7.20, «como se afirmó inicialmente» (Revilla), «al parecer por error, habría tenido lugar después de que estuviese totalmente desplegado el dispositivo policial y, en consecuencia, sin posibilidad material de repercutir en el resultado de la operación».

De hecho, añade que, de hecho, en el desarrollo de los registros que se llevaron a cabo «no se ha detectado ninguna incidencia ni se ha producido la más mínima afectación o menoscabo a la causa pública a un tercero».

LAS VERSIONES DE REVILLA Y QUIÑONES

Tras la denuncia de Cs, la Fiscalía abrió diligencias de investigación para proceder al esclarecimiento de estos hechos y llamó a declarar a Quiñones y, como testigo, a Revilla, que declaró el pasado lunes.

Cuando surgió la polémica, Quiñones aseguró, en declaraciones a los medios, que ella no había anticipado a Revilla la intervención policial en Obras Públicas.

«No le avisé ni anticipé nada», subrayó la delegada que ha aclarado que «informó» a Revilla de la operación cuando la Consejería estaba ya «totalmente custodiada desde hacía mucho tiempo por la Policía Nacional» porque, a su jucio, era su deber.

«Jamás he desvelado detalles de ninguna operación policial, jamás pondría en riesgo el trabajo excelente que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por lo tanto, jamás he dado detalles de ninguna operación que vaya a haber en el futuro», ha asegurado Quiñones este lunes a preguntas de la prensa.

Quiñones ya entonces dijo que llamó a Revilla a las 7.43 horas, cuando la Consejería estaba «totalmente custodiada desde hacía mucho tiempo por la Policía Nacional». «Es imposible que yo a esa hora le avisara al presidente de que iba a haber en un futuro una intervención. Yo creo que hay un matiz bastante importante entre avisar e informar, que es lo que hice», dijo.

Por su parte, en su declaración ante la Fiscalía, Revilla explicó su versión de lo acontecido en relación a la llamada que recibió de Quiñones y lo que ella «le dijo» en torno a la operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Agencia Tributaria en la Consejería de Obras Públicas, lo que luego se ha conocido como la trama de carreteras .

Respecto a la hora de esa llamada, y después de que en los días previos afirmara que fue a las 7.20 y, después, sobre las 7.30, el presidente explicó que en su teléfono ya no está registrada porque su teléfono móvil «solo conserva las llamadas de los últimos 9 días» (la operación se produjo el 22 de febrero). Sin embargo, ha precisado que «en el teléfono de ella (de la delegada) sí» y fue «a las 7.43», tal y como ella ya aseguró cuando se produjo toda la polémica.

Revilla opinó que Quiñones había «cumplido con su obligación» al llamarle para informarle del registro de la Consejería puesto que es una dependencia del Gobierno de Cantabria y él es el presidente, con lo que veía «normal» que le llamen para decirle que va a entrar la Policía a registrar». Por ello, señaló que «suponía» que la Fiscalía le «diera carpetazo» a la denuncia de Cs porque, a su juicio, «no tiene ningún sentido».

Explicó que, tras la llamada, contactó con el entonces consejero, José Luis Gochicoa (PRC) –que ha dimitido por la trama de carreteras –, para indicarle que se ponga «a disposición todos lo medios de apoyo» de la Consejería «para que hagan bien la instrucción».