El Gobierno murciano aprobará la semana que viene el recurso ante el Supremo por el «recorte» al trasvase
MURCIA, 14
El Ejecutivo murciano aprobará la semana que viene el recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra la decisión «arbitraria y sectaria» del Gobierno de España de «recortar» el trasvase Tajo-Segura.
Así lo ha hecho saber el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, durante los Desayunos Informativos de Europa Press.
En concreto, el Ejecutivo murciano está preparando este recurso y lo aprobará en la reunión del Consejo de Gobierno del próximo jueves, 23 de marzo, tal y como ha avanzado.
López Miras, que ha estado precedido en su intervención por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Gobierno murciano va a llegar «hasta donde sea necesario» en la defensa del trasvase Tajo-Segura.
Y es que, a su juicio, este Gobierno de España «ha demostrado que, cuando quiere hacer algo, lo hace» y, además, lo lleva a cabo «saltándose principios democráticos» y «tomando decisiones trascendentales para el conjunto del país sin una mínima mayoría».
Ha considerado que, si el presidente del Gobierno nacional, Pedro Sánchez, quiere «cerrar» el trasvase Tajo-Segura, «lo va a hacer» porque «ha sido capaz de eliminar el delito de sedición a petición de los sediciosos» y «ha sido capaz de rebajar la malversación a petición de los corruptos».
Además, López Miras cree que Sánchez será capaz de «cerrar el trasvase» porque, «para cambiar una ley que está rebajando penas a agresores sexuales y sacando de la cárcel a violadores, estamos asistiendo a este espectáculo».
Frente a ello, ha asegurado que el Gobierno murciano va a hacer «todo lo que esté en sus manos» para evitarlo, tanto políticamente como institucionalmente y judicialmente.
Ha precisado que el Gobierno regional presentó alegaciones al Consejo de Estado «ante una decisión sectaria como el recorte del 50% del trasvase Tajo-Segura, aprobado sin ningún informe científico ni técnico en el Consejo de Ministros». Y ha recordado que el supremo órgano consultivo del Gobierno de España «asumió» esas alegaciones de la Región de Murcia.
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