La investigación del caso Renedo solo ve por ahora una actuación irregular de la exdirectora de Juventud e Igualdad

Debió inhibirse en la adjudicación de un contrato menor, durante su etapa en Juventud, otorgado a la empresa para la que trabajó

La investigación interna iniciada de oficio por la Inspección General de Servicios del Gobierno de Cantabria sobre las adjudicaciones de Alicia Renedo (PSOE) como directora general solo aprecia, por el momento, que ésta, durante su etapa al frente de Juventud, debió inhibirse a la hora de otorgar un contrato menor a la empresa para la que había trabajado con anterioridad.

Aunque la investigación sigue abierta y el expediente sancionador por esta adjudicación continúa en marcha, por ahora no se aprecia más actuación irregular de Renedo ni al frente de su etapa como directora general de Igualdad y Mujer (julio 2015-julio 2019) ni de Juventud (agosto 2021-enero 2023).

Así lo ha aclarado este miércoles en una comparecencia en comisión parlamentaria la consejera de Presidencia, la regionalista Paula Fernández, en la que ha dado cuenta de las conclusiones de la primera fase de dicha investigación interna.

Ha explicado que el expediente aún sigue «abierto» y se encuentra en una segunda fase, en la que se ahondará más en la investigación, y, si procede, se impondrán «las sanciones que correspondan».

Fernández ha hecho un llamamiento a la cautela y ha recordado el derecho a la presunción de inocencia de la ya exdirectora de Juventud mientras no se dicte resolución sancionadora.

Renedo dimitió el pasado enero tras conocerse, a través de un medio de comunicación, que ésta habría adjudicado contratos a la empresa para la que había trabajado, una noticia que dio lugar a la apertura de la investigación de oficio por parte de la Inspección General de Servicios del Ejecutivo regional.

El contrato «menor» en el que, según la Inspección, entiende que la socialista Renedo debió abstenerse fue adjudicado en abril de 2022 a la empresaria María Luisa Rebolledo para la prestación de un curso de diversidad afectivo sexual.

Según se desprende de la investigación, Renedo debió inhibirse en dicha adjudicación, como establece la ley –ha dicho Fernández–, ya que había trabajado como agente de igualdad para esta empresaria en algún momento de los dos años anteriores. Sin embargo, la consejera ha aclarado que dicho curso se prestó, con lo que a su juicio, «no se tiene que defender ningún dinero público».

Por esta actuación, se ha abierto un procedimiento sancionador que aún está «en marcha» y que debe resolverse cuando concluya esta segunda fase de la investigación.

En su comparecencia, a petición del PP, Fernández ha distinguido las dos etapas de Renedo en el Gobierno de Cantabria, una entre julio de 2015 y el mismo mes de 2019 al frente de la Dirección General de Igualdad y Mujer y otra, entre agosto de 2021 y enero de 2023.

Ha señalado que, para esta investigación, se solicitó a la Secretaría General de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, que dirige Pablo Zuloaga (PSOE), y de la que dependen ambas direcciones generales, la relación de contratos adjudicados por Renedo en ambas etapas.

Fernández ha señalado que, en este momento y de la documentación obrante en el expediente, se concluye que, en relación a los contratos tramitados por Renedo durante su etapa al frente de la Dirección de Igualdad (2015-2019), en la investigación de la información reservada «no queda acreditada» la existencia de ninguna relación previa entre ella y Rebolledo o las empresas vinculadas a ella. «Por tanto, y bajo esa premisa, en ese periodo de tiempo, no existía la causa de inhibición», ha dicho.

Sin embargo, la consejera ha añadido que ahora será necesario comprobar en esta fase de la investigación esa inexistencia de relación previa.

También ha afirmado que no hay «ninguna evidencia» de que la contratación por parte de Rebellodo de Renedo tras dejar la Dirección General de Igualdad «traiga causa» de los contratos mencionados más allá del propio hecho en sí».

Fernández ha señalado que «será necesario comprobar en esta fase de instrucción del expediente sancionador la naturaleza del contrato firmado y las funciones a desempeñar por Renedo para Rebolledo y ha pedido «respeto escrupuloso por el trabajo de la Inspección y de los funcionarios».

«No podemos permitir estando a la altura que estamos los políticos de Cantabria en embarrar a los funcionarios en asuntos que no debemos de hacerlo», ha reclamado Fernández.

Tampoco existe evidencia, según ha indicado la consejera, que las actividades privadas desarrolladas por Renedo como agente de igualdad bajo la dirección de la Rebolledo tengan relación con los contratos que firmó cuando ejerció como directora general de Igualdad y Mujer, algo que también se comprobará ahora.

Además de dar cuenta de las conclusiones que, por ahora, se desprenden de la investigación, Fernández ha defendido la actuación del Gobierno de Cantabria y ha asegurado que «se ha actuado conforme a la legalidad».

La consejera ha criticado que algunos partidos, en relación a este y otros casos, hablen de «tramas corruptas» que afectan al Gobierno o a algunos ayuntamientos.

«Tenemos que medir muy bien las palabras», ha afirmado Fernández, que ha advertido que, si no, la clase política va a tener para la ciudadanía un «nivel bajísimo» cuando, a su juicio, «son muy pocos los que están en política y no hacen política, sino que hacen juego sucio».

LOS GRUPOS

Por su parte, la oposición ha criticado este caso y la actuación de Renedo, insistiendo en que incumplió la ley de incompatibilidades –para alguno en más de una ocasión–. Además, Cs y Vox consideran que es una más de las «corruptelas» del Ejecutivo que conforman PRC y PSOE.

El PP, por su parte, ha considerado que se trata de «un caso inaceptable y bochornoso» y ha pedido al Gobierno que «deje de tapar» a Renedo.

Además, cree que no solo Renedo incumplió la Ley de Incompatibilidades sino también el responsable de la Consejería en la que ejerció su función, esto es Pablo Zuloaga, quien, según los populares, está políticamente «en el fondo del pozo».

Además, el diputado popular Álvaro Aguirre ha insistido en que las entidades vinculadas a Alicia Renedo siguieron trabajando en otros ayuntamientos de la región.

Por otra parte, ha opinado que Fernández no ha ofrecido en su comparecencia «ninguna conclusión» porque la investigación está en marcha.

¿Qué hace usted aquí?, ha afirmado Aguirre, quien se ha preguntado «por qué el PRC se ha dado tanta prisa» para que comparezca en este momento. «No se preocupe que volverá», le ha advertido el diputado, adelantando así una posible solicitud de comparecencia bien en comisión o en el Pleno del Parlamento.

Para la formación naranja, este caso es una «gotita más en un vaso de corruptelas que ya se ha desbordado», y Vox ha opinado que el caso Renedo es «otra trama más de corrupción» del Gobierno.

Y el PSOE, uno de los partidos del Gobierno y al que pertenece Renedo, ha resaltado que, según la investigación, los hechos que pueden ser enjuiciados en este momento sobre el caso solo afectan a un contrato menor de un servicio que se prestó y que no ha supuesto «perjuicio» para el dinero público y también que, ante este caso, se asumieron las «responsabilidades políticas inmediatamente».

También ha rechazado el uso de «término interesados» por parte de quienes «tratan de crear la apariencia de una corrupción generalizada» en el Gobierno PRC-PSOE.