La jueza de Castro que investiga la introducción de cocaína en latas de atún se inhibe en favor del Juzgado de Algeciras

Solo en relación a la llegada de la droga al puerto de la localidad gaditana en un contenedor procedente de Ecuador

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Castro Urdiales que dirige la investigación en torno a una organización criminal asentada en esta localidad cántabra y dedicada a la estafa masiva a entidades bancarias y a la introducción de cocaína por el puerto de Algeciras se ha inhibido en favor de un juzgado de este municipio de Cádiz, pero solo en lo relativo a estos últimos hechos.

Así lo acuerda la jueza castreña en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, mediante el que inhibe el conocimiento de las diligencias previas practicadas en favor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Algeciras, en lo referente únicamente a la introducción de dicho contenedor, el 11 de marzo de 2022, procedente de Ecuador y en el que se incautaron casi dos toneladas y media de droga.

En el marco de esta operación, denominada Xelinsulam-Albacares y codirigida por la Fiscalía Especial Antidroga del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), la Guardia Civil ha detenido a quince personas, y entre otros extremos se investiga si los cabecillas de la red contaban con sicarios que podrían haber cometido diferentes coacciones e incluso un posible homicidio.

Por la introducción del contenedor con las latas de atún rellenadas de cocaína hay diez investigados, todos ellos en libertad con cargos, a los que se suman cinco arrestados más en el conjunto de la operación.

Las diligencias judiciales se iniciaron en Castro en abril del año pasado, y en el transcurso de las mismas la jueza ha tenido conocimiento de que los hechos relacionados con la introducción de la droga a través del puerto de Algeciras estaban siendo investigados desde febrero -es decir, tres meses antes- por el Juzgado 5 de esa localidad, de ahí la decisión de inhibirse, y después de que el fiscal informara de falta de competencia territorial por parte de los juzgados de Castro para conocer los hechos acaecidos en el Puerto de Algeciras.

La magistrada cántabra investiga supuestos delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, organización criminal, estafa y falsedad documental.

En octubre se practicaron las primeras detenciones de varios sospechosos, que pasaron a disposición judicial, y en diciembre se llevaron a cabo registros domiciliarios.

Fruto de estas pesquisas, y además de la droga incautada, se han bloqueado bienes, entre los que se encuentran cuentas bancarias y en neobancos , y varios inmuebles, por un valor conjunto superior a 1,5 millones de euros.

OPERACIÓN

La operación policial se ha desarrollado de manera coordinada en cinco provincias: Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid y Valencia, además de Cantabria, donde comenzó al trascender la existencia de un entramado criminal asentado en Castro y dedicado a la estafa masiva a entidades bancarias.

Los agentes averiguaron después que los responsables de la red habían traído a un grupo de personas de origen colombiano con la intención de crear un núcleo de seguridad y de establecer la logística necesaria para introducir cocaína por el Puerto de Algeciras, según informó la Benemérita.

Efectivos del instituto armado lograron identificar a los colombianos y comprobó que estaban relacionados con laboratorios clandestinos de cocaína en su país, así como con una red de sicarios y personas huídas de la justicia en Estados Unidos.

Después, los agentes relacionaron esta organización con una investigación en curso que se estaba desarrollando en Algeciras, donde se incautaron 2.458 kilogramos de cocaína ocultos en latas de atún de un contenedor procedente de Ecuador.

Los cabecillas de la organización colocaban a testaferros al frente de una red de empresas para establecer una actividad ficticia y justificar la solicitud de créditos bancarios por cantidades muy elevadas. El dinero se distribuía a otras sociedades de la red con cuentas en España y el extranjero.

Mientras, los miembros de la organización usaban el capital mediante tarjetas de crédito de empresas de tecnología financiera o neobancos y llevaban una vida rodeada de lujos.