El Gobierno Vasco despedirá a De Miguel cuando reciba el auto de ejecución de sentencia

Tapia responde a las críticas de la oposición aludiendo a casos de corrupción en el PP y a la falta de «valentía» de EH Bildu ante ETA

VITORIA, 7

La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha afirmado este martes que el despido de Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano, los dos condenados en el caso De Miguel que actualmente siguen trabajando en entidades dependientes del Gobierno Vasco, se llevarán a cabo cuando el Ejecutivo reciba el auto de ejecución de la sentencia por parte de la Audiencia Provincial de Álava, un documento que el Departamento de Gobernanza Pública ya ha solicitado a este tribunal de forma «extraordinaria».

Tapia ha comparecido este martes ante la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento Vasco para informar, a petición de Elkarrekin Podemos-IU, sobre las responsabilidades públicas que Alfredo de Miguel sigue desempeñando en la fundación pública Hazi, en la que tiene asignada una plaza como personal laboral.

La consejera ha recordado que, pese a que el Tribunal Supremo dictó su sentencia sobre el caso De Miguel el 9 de enero, el Gobierno Vasco –una de las partes personadas en la causa– aún no ha recibido, por parte de la Audiencia Provincial de Álava, el auto de ejecución de esta sentencia.

Ante esta situación, ha informado de que el Departamento de Gobernanza Pública del Ejecutivo ha remitido, de manera «absolutamente extraordinaria», un escrito a la Audiencia en el que le pide oficialmente la notificación sobre la sentencia. La consejera ha informado de que desde Hazi también se ha solicitado al propio De Miguel que comunique la sentencia a la fundación cuando la reciba.

En este sentido, ha explicado que, cuando el Gobierno reciba el auto de ejecución de la sentencia por parte de la Audiencia Provincial de Álava, «se procederá al despido» de Alfredo de Miguel y de Koldo Otxandiano, que trabaja en el Parque Tecnológico de Álava.

HECHOS «GRAVES»

Arantxa Tapia ha afirmado que esta medida se adoptará porque los hechos por los que estas personas han sido condenadas –referidos a una trama de corrupción para el cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones públicas– son «suficientemente graves» como para apartarlas de sus puestos de trabajo en organismos dependientes del Gobierno Vasco.

La consejera, que ha recordado que De Miguel tiene un salario de 57.407 euros anuales, ha reiterado que, si se despidiera a esta persona sin contar con la notificación de la ejecución de la sentencia, se estaría actuando de forma «arbitraria» y vulnerando los derechos del afectado.

A su vez, ha desmentido de forma «categórica» que De Miguel realice labores de gerencia en Hazi, dado que esa categoría «no existe» en la fundación.

SEGURIDAD JURÍDICA Y DERECHOS

Tapia ha destacado que a la hora de gestionar la situación de ambos condenados por el caso De Miguel , el Ejecutivo se ha guiado por el objetivo de preservar la «seguridad jurídica» y los «derechos fundamentales» que siguen asistiendo a estas personas.

La consejera, que ha reiterado la condena del Gobierno a cualquier actividad relacionada con la corrupción, ha subrayado que los partidos políticos y las personas que los conforman «deben ser ejemplares».

LAS «LECCIONES» DEL PP

Además, ante las críticas de la oposición a su forma de proceder en torno a este tema, ha advertido al parlamentario del PP+Cs, Carmelo Barrio, que es «el menos señalado para dar lecciones» sobre lucha contra la corrupción. «Como representante de su partido político, a lo mejor debería tener cuidado en algunos aspectos», ha afirmado, en referencia a los casos de corrupción que afectan al Partido Popular.

Arantxa Tapia también ha respondido a las alusiones que, en el transcurso de su comparecencia, ha realizado el representante de EH Bildu, Josu Estarrona, a las prácticas de «extorsión» que realizaban los integrantes de la trama De Miguel sobre los empresarios que querían lograr contratos públicos.

«CUIDAR LAS PALABRAS»

La consejera, en referencia a las practicadas por ETA, ha recordado que en Euskadi se han aplicado en el pasado «otro tipo de extorsiones», y ha lamentado que desde la izquierda abertzale no se haya actuado con «valentía» para «denunciar» esas prácticas. «Tenemos que cuidar ciertas palabras, cuando tenemos algunas actuaciones que llevar adelante y mucho que reconocer», ha añadido.

«CORTAFUEGOS» CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por parte de la oposición, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto ha lamentado que el Ejecutivo siga sin haber despedido a De Miguel y que tampoco le haya suspendido el sueldo. Además, ha reclamado que se establezcan «cortafuegos» o medidas «preventivas» para evitar que prácticas como las realizadas por esta trama se repitan.

Desde las filas de EH Bildu, Josu Estarrona ha reprochado a Tapia que haya optado por «preservar los derechos laborales» de De Miguel «por encima de todo, incluso de la buena imagen de las instituciones públicas». Además, ha criticado la «pasividad» y las «medias verdades» del Ejecutivo a la hora de reaccionar ante este caso.

«DEFENSA SOSPECHOSA»

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha asegurado que, con independencia de lo que afirme la consejera, la sentencia del caso De Miguel «es firme» desde que el Tribunal Supremo emitió la resolución. Además, ha afirmado la «sospechosa defensa a ultranza» que el PNV realiza de las personas condenadas por esta trama.

La única representante del Grupo Mixto-Vox, Amaia Martínez, ha considerado que desde el Gobierno Vasco (PNV-PSE) se está «protegiendo» a De Miguel para que «no tire de la manta».

Por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, Mikel Arruabarrena (PNV) ha criticado la «tardanza» de la Justicia a la hora de resolver este caso, y ha afirmado que uno de los «damnificados» de esta demora es el propio Ejecutivo. Además, ha asegurado que los mecanismos de respuesta de la Administración autonómica ante este tipo de casos «han funcionado».

La parlamentaria del PSE-EE Gloria Sánchez ha subrayado que la sentencia del Tribunal Supremo «no se puede considerar firme mientras no se comunique a los acusados y al Gobierno Vasco». «No se puede actuar por lo que se dice en los medios, sino por lo que se recoge en una sentencia que hasta el momento no se ha recibido», ha explicado.