PSOE cántabro dice que la decisión sobre responsabilidades políticas en el «escándalo» de Carreteras recae en Revilla

El vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga (PSOE), ha afirmado que la decisión sobre las responsabilidades políticas en el «escándalo de corrupción» en Obras Públicas y a quién deben afectar «recae directamente» en el presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC). Además, ha considerado que este caso y el de la exdirectora general de Juventud, Alicia Renedo, son «completamente diferentes» y «no hay prisma que puedan permitir compararlos».

«Me conocen bien cuando tomo decisiones cuando surge cualquier oportunidad», ha afirmado Zuloaga en alusión, aunque sin citarlo, a la dimisión de Renedo el mismo día en que se conoció que, desde su puesto, había adjudicado contratos a la empresa para la que trabajó, un asunto por el que el Gobierno de Cantabria abrió una investigación de la que ya ha concluido la primera fase, en la que se aprecian indicios de al menos una posible infracción de la Ley de Incompatibilidades en la adjudicación de un contrato por 1.580 euros, tal y como ha confirmado.

Zuloaga ha explicado que, concluida la primera fase de la investigación, se abre una segunda en la que será la propia Renedo la que podrá aportar información sobre lo ocurrido.

El vicepresidente ha insistido en que «no hay ninguna trama que tenga que ver con las actuaciones desde la Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria» y ha insistido en que lo que se señala es un «posible error» en un expediente sobre la adjudicación de un servicio «que nunca ha sido cuestionado» y que estaba valorado en 1.580 euros.

Por ello, ha defendido que este caso es «absolutamente diferente la escala, la magnitud» de lo ocurrido con las adjudicaciones de contratos en carreteras, donde se ha puesto encima de la mesa «un escándalo de corrupción participado en primera persona por un alto funcionario del Gobierno de Cantabria en un consejería, la de Obras Públicas, «que ha tenido diferentes titulares del PRC y del PP históricamente en Cantabria».

Por ello, considera que «cualquier posicionamiento que pretenda equiparar una circunstancia con otra» es un «absoluto error o una mala intención por parte de cualquier activo político».

Zuloaga ha explicado que, en el caso de Obras Públicas, «la decisión que tiene que tomar el presidente» sobre las posibles responsabilidades políticas por lo ocurrido «recae sobre su responsabilidad». De hecho, ha señalado que mañana, viernes, está previsto que Revilla comparezca, a partir de las 11.00 horas, ante los medios de comunicación «para explicar las decisiones a tomar».

Zuloaga no ha querido profundizar en preguntas sobre su opinión acerca de la responsabilidad política que podría tener el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa (PRC), al no haber advertido lo que estaba ocurriendo en su departamento, donde, según lo que hasta ahora ha trascendido, el jefe del Servicio de Carreteras, Miguel Ángel Díez, podría haber recibido dinero u otros beneficios de algunas empresas a cambio de adjudicaciones.

Así, cuando ha sido cuestionado acerca de si es posible que a un consejero «se le pase» que un alto porcentaje de adjudicaciones se repartían entre unas pocas empresas, Zuloaga se ha limitado a señalar. «Esa es la respuesta que habrá que dar», ha dicho el vicepresidente, quien ha señalado que las circunstancias sobre las contrataciones o su volumen son «diferentes» en cada consejería.

Tampoco ha respondido claramente a la pregunta de si, como Revilla dijo, pondría «la mano en el fuego» por Gochicoa. «Yo no estoy acostumbrado a usar este tipo de términos», ha respondido Zuloaga, quien tampoco ha aclarado si, en el Consejo de Gobierno celebrado hoy, el consejero ha dado una explicación o ha tomado la palabra para hablar de este asunto o acerca de su continuidad o no. «Los debates y las deliberaciones que se producen en el Consejo de Gobierno son secretas y lo único que es público son los acuerdos», ha indicado.