Belarra se muestra prudente con la Ley de vivienda y pide posibles mejoras «negro sobre blanco» en el texto

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha manifestado «prudencia» respecto a la situación de la Ley de vivienda y ha pedido, en alusión al PSOE, que se refleje «negro sobre blanco» en el texto los avances hablan los grupos parlamentarios en las reuniones.

Así lo trasladado a los medios de comunicación tras la reunión de ayer entre aliados parlamentarios con el ala socialista de la coalición, donde no hubo avances destacados de cara a aprobar esta normativa, cuya tramitación parlamentaria lleva enquistada desde hace meses.

Sobre la situación de la normativa, Belarra ha subrayado que esta ley es una «urgencia social» e «imprescindible», pero quiere ser prudente porque muchas veces se ha dicho que están cerca de cerrarla y no quiere generar «falsas expectativas», dado que la gente está preocupada para que se apruebe lo antes posible.

Eso sí, ha recalcado que con los alquileres «por las nubes» y con la subida de las estadísticas de lanzamiento, ha demandado que las mejoras que se hablan en las reuiones deben estar contempladas con precisión en el texto normativo, algo que aún «no se ha producido».

Ayer, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha rebajado el optimismo de los últimos días sobre la aprobación de la Ley de vivienda, al no haberse dado todavía progresos suficientes.

De esta forma, prometió que su formación va a seguir intentando mejorar el texto en dos materias bien definidas: la paralización de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables y la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas.

Fuentes del socio minoritario expresaron recientemente que confiaban en poder desatascar la normativa antes de que terminara este mes, y admitían que en las últimas fechas se habían conseguido progresos que debían pasar por la supervisión técnica del Ministerio de Economía.

RESUMEN DE ACERCAMIENTOS

Los acercamientos se habían producido en materia de desahucios, la opción de reducir la vacatio legis (el periodo de tránsito hasta la aplicación efectiva de la norma) fijada inicialmente en 18 meses (aspecto que demanda también Bildu y ERC) y las perspectivas de bajar el número de viviendas para determinar la figura de gran propietario, ahora establecida sobre 10 pisos.

No obstante, los dos socio se centraban sobre todo en desplegar una regulación de precios de alquiler en zona de mercado tensionado que asegure su funcionamiento efectivo, para aquellas autonomías que decidan acogerse a este mecanismos.

Y una parte esencial del debate se ceñía al encaje que deben tener las viviendas que entren por primera vez en el mercado del alquiler, donde Podemos aspira que se regulen directamente por el índice de precios que elaborará el Ministerio de Transportes al entender que preserva rentas más bajas para los inquilinos y es una parte muy minoritaria de los pisos en arrendamiento.

Recientemente, Pisarello señalaba que había que aumentar la reserva de suelo público para elevar el número de vivienda en alquiler social, sanciones a las malas prácticas e incentivos fiscales a aquellas empresas que quieran aumentar ese parque de vivienda asequible.