A información pública el anteproyecto de Ley contra el Despoblamiento de Cantabria, que no estará esta legislatura
El Gobierno de Cantabria ha sacado a información pública el anteproyecto de la Ley de Despoblamiento con la que pretende «blindar» el derecho de acceso a los servicios básicos de los residentes en los 39 municipios en riesgo de despoblamiento, y «priorizar» también las ayudas y la acción pública del Ejecutivo en estas zonas rurales, una norma que, sin embargo, tendrá que esperar a ser aprobada en la próxima legislatura.
Y es que el Ejecutivo «no cree» que dé tiempo a que el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto de ley para su remisión al Parlamento en esta legislatura, ya que tras el proceso de información pública aún deben cumplir otros trámites e informes.
Así lo ha explicado este viernes en rueda de prensa la consejera de Presidencia, Justicia, Interior y Acción Exterior, Paula Fernández, quien ha defendido que el anteproyecto presentado plantea una ley «valiente» que busca asegurar la «equidad» en los servicios a todos los cántabros, independientemente de donde vivan.
Este anteproyecto que se saca ahora a información pública, y al que se podrán presentar alegaciones y sugerencias hasta el 10 de marzo, es fruto del trabajo de los grupos de acción local, que presentaron un primer borrador de la ley que, posteriormente, ha sido mejorado por un grupo de trabajo específico, dependiente del Consejo Asesor de Despoblamiento.
El grupo de trabajo, que viene trabajando en el texto legal desde finales de 2021, ha estado formado por representantes de todas las consejerías del Gobierno cántabro, miembros de los grupos de acción local y Federación de Municipios de Cantabria.
La consejera, junto a la directora general de Administración Local, Rosa Valdés, ha presentado las principales novedades de esta norma, que busca ofrecer un marco legal permanente y estructurado, que integra y consolida las políticas de lucha contra el despoblamiento puestas en marcha durante la presente legislatura.
«La futura ley reconoce derechos a los vecinos de los territorios despoblados, derechos en la prestación de servicios esenciales y fundamentales que el Gobierno, desde su acción política, deberá prestar a los habitantes de estos territorios, garantizando la igualdad de oportunidades y la cohesión social y territorial de Cantabria», ha declarado la consejera.
Con esta finalidad, la ley proporcionará instrumentos para luchar de manera integral y con una «mirada transversal» contra el despoblamiento, «implicando a todas las áreas competenciales del Gobierno cántabro.
Así, se establece en el anteproyecto que todas las leyes, decretos y planes sectoriales tendrán que tener en cuenta en su elaboración el componente de reto demográfico, obligando a la realización de análisis de impacto demográfico como fórmula para garantizar medidas de discriminación positiva en estos lugares. Incluso, un proyecto podrá declararse de interés público por razones demográficas, con efectos en la normativa de expropiación forzosa para facilitar su desarrollo en estos municipios.
Asimismo, se incluyen una serie de medidas para incrementar las ayudas públicas a los vecinos (líneas de ayuda específicas, reserva de parte del crédito de las convocatorias, incrementos porcentuales de la ayuda o puntuaciones adicionales en los casos de procesos de concurrencia competitiva), así como el apoyo y asistencia específica a empresas con domicilio en municipios en riesgo de despoblamiento, incluyendo acciones que faciliten la contratación pública con ellas.
Además, según se recoge en el anteproyecto, el Gobierno cántabro incentivará a los empleados públicos en las zonas en riesgo de despoblación, sobre todo en el ámbito docente, sanitario y social, y promoverá el teletrabajo en los puestos de difícil cobertura.
Igualmente, se reconocen una serie de derechos específicos a los vecinos de los municipios en riesgos de despoblamiento en diferentes ámbitos: el sanitario, educativo, cultural, seguridad ciudadana, empleo, transporte, sector primario, vivienda y turismo, entre otros, con acciones para fomentar la digitalización, fortalecer el tejido empresarial y la diversificación de sectores tradicionales y emergentes, así como evitar la exclusión social y financiera.
Respecto a su financiación, la futura norma prevé la necesidad de reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta estas particularidades y se estable por ley la adopción de medidas fiscales con las que incentivar la fijación y atracción de la población a estas zonas.
MEDIDAS EN DISTINTOS ÁMBITOS
El anteproyecto contempla medidas para el acceso a servicios en distintos ámbitos.
Así, reconoce una garantía de acceso a los servicios de emergencias y urgencias sanitarias, a las citas médicas y a la coordinación de horarios con los sistemas de transporte. Se asegura la distribución de medicamentos y programas de avances tecnológicos en la atención médica.
En concreto, se establece el diseño de una red de puntos de atención continuada con el fin de garantizar el acceso a los servicios de urgencias sanitarias.
En el ámbito educativo, se garantiza el mantenimiento de los colegios en los municipios en riesgos de despoblamiento, con clases de educación infantil y primaria, con un mínimo de cuatro alumnos, aunque de forma excepcional se podrán mantener abiertos los centros educativos con menor número de estudiantes.
En las enseñanzas no obligatorias (formación profesional y universitaria), se establece, como novedad, un contrato programa de formación para el alumnado con estancia efectiva, orientado a facilitar estos estudios.
El acceso a la vivienda será otro de los ejes de actuación en los municipios en riesgo, mediante la creación de una tipología propia de Vivienda Rural Protegida, cuyas características serán fijadas reglamentariamente.
Asimismo, se establece un programa específico de financiación para la rehabilitación de viviendas en desuso o de vivienda habitual.
En transporte, se incluye el transporte a demanda con Áreas territoriales de prestación conjunta rural, unos servicios discrecionales a demanda para una movilidad individualizada, así como un programa impulsado por el Gobierno de transporte colaborativo para el uso compartido del vehículo privado.
Se establece que la conectividad digital alcanzará al cien por cien de la población mediante la extensión de redes de banda ancha rápida y ultrarrápida, que permitan una adecuada transmisión de datos entre la ciudadanía, empresas y administración pública (actualmente llega al 80 por ciento, según ha detallado la consejera).
La futura ley también regula los derechos en materia de transición ecológica y sostenibilidad en los municipios en riesgo de despoblamiento (energías renovables), de igualdad de acceso en materia de cultura, fomento del turismo y ocio responsable.
Fernández ha reivindicado que la lucha contra el despoblamiento rural ha sido una de las líneas de acción política «prioritaria» del Gobierno cántabro desde el «minuto uno» de legislaría por mandato del presidente regional, Miguel Ángel Revilla.
Ha recordado que se ha constituido un Consejo Asesor para impulsar y coordinar las medidas en estos territorios, varias puestas ya en marchas y cuyo impacto debe valorarse a «corto, medio y largo plazo», y ha aprobado un Estrategia regional 2021-2027 como «hoja de ruta» para fijar la población en Cantabria con 344 actuaciones en doce ejes de actuación.
Igualmente, Cantabria cuenta con una orden la delimitación de los municipios en riesgo, que fija el territorio de actuación. En concreto, se establecen 30 municipios de actuación prioritaria por riesgo grave de despoblamiento, 8 de actuación preferente por su alta dispersión poblacional y elevada tasa de envejecimiento y se incluye el Valle de Villaverde por su particular idiosincrasia, al estar enclavado en la provincia de Vizcaya.
