Montero, segura de que los recursos ante el TC contra el impuesto a grandes fortunas no prosperarán
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado segura de que los recursos que han anunciado la Comunidad de Madrid y más recientemente Andalucía ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el impuesto a las grandes fortunas no prosperarán, dado que el tributo está dentro de las competencias del Gobierno central «y no va contra nadie».
Montero, que ha ofrecido una rueda de prensa junto a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sobre la ejecución de los fondos europeos y el plan de recuperación, ha denunciado que el PP lleve ante el TC «cualquier iniciativa» que aprueba el Gobierno.
En el caso concreto del recurso planteado por Andalucía, Montero ha criticado que se presente pese al «voto dividido» del consejo consultivo, y ha defendido que el impuesto a las grandes fortunas no sólo es justo, sino que respeta las competencias autonómicas y trata de pedir a los que tienen grandes capitales un esfuerzo superior. Así, ha agradecido que personas con grandes fortunas «hayan mostrado su voluntad de contribuir en mayor medida».
En este sentido, ha recordado que algunas comunidades autónomas «eliminaron» el Impuesto de Patrimonio y ha enmarcado esta decisión dentro la política económica del PP, que lo que quiere es «debilitar los servicios públicos». «No es una casualidad», ha agregado.
Así, ha indicado que Andalucía eliminó el Impuesto de Patrimonio que solo pagaban el 0,2% de los contribuyentes andaluces, unos 20.000 ciudadanos, que dejaron de pagar 120 millones de euros, unos 6.000 euros menos por persona. «Un regalo fiscal para quienes tenían un patrimonio medio de 2 millones de euros (…). Este no es nuestro modelo», ha reiterado.
DEFENSA DE LOS IMPUESTOS A BANCA Y ENERGÉTICAS
En esta misma política, de «justicia fiscal» para que contribuya más quien más tiene, Montero ha enmarcado también los nuevos impuestos a banca y eléctricas, que también van a ser recurridos por las principales patronales del sector.
«Es de sentido común que si hay un mayor beneficio en las energéticas o en las entidades financieras, les pidamos una mayor contribución, y tan de sentido común es que la Comisión Europea ha abierto camino para que otros países se sumen y, por tanto, no es ninguna excentricidad», ha subrayado.
