Albares anuncia que varios opositores nicaragüenses desterrados a EEUU han aceptado la oferta de nacionalidad de España
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha desvelado este lunes que «varios» de los 222 opositores de Nicaragua que han sido desterrados a Estados Unidos y privados de nacionalidad han aceptado la oferta de recibir la nacionalidad española formulada por el Gobierno.
Albares ha enmarcado la oferta de nacionalidad española a los 222 presos políticos excarcelados por el régimen de Daniel Ortega y enviados en un avión a Estados Unidos, tras haber sido privados además de la nacionalidad nicaragüense en la necesidad de brindar «aliento» desde los países democráticos a «las personas que hacen frente con valentía y dignidad a regímenes autoritarios».
Tras la «desafortunada decisión» del régimen de Ortega de «despojarles de su nacionalidad», España les ha brindado la posibilidad de darles la nacionalidad y, según ha precisado Albares, son «varios los que han dicho que sí».
«Estaremos encantados de acogerles lo antes posible», ha asegurado el ministro, que no ha detallado cuántos estarían dispuestos a trasladarse a España desde Estados Unidos.
«España es su casa como lo es de todos los que defienden la libertad y la democracia», ha añadido, poniendo precisamente como ejemplo al escritor Sergio Ramírez, antiguo vicepresidente de Nicaragua y ahora perseguido por el régimen, presente en el acto en Casa de América en el que se ha presentado el nuevo Programa Democracia de AECID.
El Gobierno de Estados Unidos confirmó el viernes que ha mantenido contactos con las autoridades españolas en relación a la reciente deportación de los opositores nicaragüenses. La responsable adjunta de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado estadounidense, Emily Mendrala, admitió que parte de ellos pueden «explorar ofertas» de otros países y no necesariamente permanecer en territorio de Estados Unidos.
La acogida humanitaria brindada por Estados Unidos les da derecho al menos a dos años de residencia, imprescindible en el caso de un grupo que teóricamente quedó despojado en bloque de la nacionalidad, como resultado de una reforma constitucional que penaliza de forma específica a los «traidores de la patria».
En este sentido, la responsable estadounidense puntualizó que corresponderá a cada una de estas personas «escoger la opción que para ellos tenga más sentido», señalando que, si bien algunos tienen familiares en Estados Unidos, otros pueden querer irse a otros países de América Latina o incluso a Europa. Washington está dispuesto a «facilitar» los viajes, aclaró.
