El PP dice que el caso Renedo trasciende al Gobierno y se extiende a ayuntamientos gobernados por el PSOE
Afirma que la suma de los contratos adjudicados en Camargo y Piélagos a María Luisa Rebolledo y a una empresa vinculada asciende a 180.000 euros
El PP ha denunciado que el caso Renedo –el de la directora general de Juventud y antes de Igualdad que dimitió tras conocerse que había adjudicado contratos a la empresa para la que trabajó– «trasciende al Gobierno de Cantabria» y es una «trama» que se extiende a ayuntamientos gobernados por el PSOE, como el de Camargo o Piélagos, y no descartan poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
Concretamente, los populares han comprobado que solo la suma de los contratos adjudicados por los ayuntamientos de Camargo y Piélagos con María Luisa Rebolledo y a una empresa vinculada a ella — Agora Espacio de Formación Feminista — ascienden a 180.000 euros. Además, sospechan que a estos consistorios podrían añadirse otros ayuntamientos, como Colindres o Torrelavega también gobernados por los socialistas (en algunos casos en coalición).
Así lo han afirmado este jueves en rueda de prensa, la secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta, y el diputado popular Álvaro Aguirre, quienes han explicado que después de que saltara el caso Renedo el pasado 13 de enero y al considerar que era un asunto que «olía muy mal desde el principio», el partido inició un «acción coordinada de recopilación de información e investigación».
De esta forma, los populares han llevado a cabo «numerosas» iniciativas y peticiones de documentación al Gobierno a través del Parlamento de Cantabria –que por ahora no se les ha entregado– y también ha recabado datos a través de los grupos municipales en diferentes ayuntamientos de la región, principalmente en los grandes.
Aunque han señalado que «no en todos» los ayuntamientos que se ha solicitado información se les ha facilitado, han afirmado que los datos recabados conducen, en opinión del PP, «a una conclusión clara» y es –dice– la existencia de una «trama que trasciende a las actuaciones de Alicia Renedo en el Gobierno de Cantabria» y supone un «entramado que se extiende al PSOE y ayuntamientos de Cantabria gobernados por este partido».
«Estamos ante una maraña de contrataciones masivas otorgadas a dedo a, al menos, tres entidades y a una empresaria vinculada a su vez a todas ellas, en ayuntamientos controlados por el PSOE. Con un denominador común: Alicia Renedo, que actualmente es secretaria de Igualdad del partido en Cantabria.
LOS CONTRATOS EN PIÉLAGOS Y CAMARGO
En la información de que dispone, el PP ha detectado contrataciones –adjudicadas en una amplísima mayoría a través de propuestas de gasto y contratos menores– en los ayuntamientos de Camargo y Piélagos que superan conjuntamente los 180.000 euros con María Luisa Rebolledo Deschamps y la entidad Ágora Espacio de Formación Feminista , en la que a su vez Rebolledo hacía las veces de coordinadora general de equipo.
Precisamente, han recalcado que se trata de la misma empresaria gaditana para la que trabajó Alicia Renedo después de haberle adjudicado una docena de contratos entre los años 2016 y 2019 por valor de 77.000 euros desde la Dirección de Igualdad y con la que firmó un contrato público en 2021 desde la Dirección de Juventud, incumpliendo la Ley de Incompatibilidades.
Según ha detallado González Revuelta, se trata de ocho contrataciones en el ayuntamiento de Piélagos y 13 en el de Camargo, dos consistorios que cuentan con una alcaldesa del PSOE gracias a una coalición con el PRC y en los que las competencias de Servicios Sociales e Igualdad son gestionadas por concejales socialistas.
En ambos casos, las primeras contrataciones se formalizan en el año 2018, cuando todavía Alicia Renedo era directora general de Igualdad; continúan en 2019, cuando sale del Gobierno y comienza a prestar servicios profesionales para María Luisa Rebolledo, y prosiguen hasta 2022, a pesar de que un año antes Renedo volvió al Gobierno para ocuparse de las competencias de Juventud.
«Es verdaderamente sospechoso que los contratos menores sean adjudicados a la misma entidad o persona, a las que también se otorgan servicios de manera directa mediante la firma de propuestas de gasto. Cuando desde estos ayuntamientos se debían solicitar varios presupuestos, aparecían esta empresaria y la entidad Ágora. Y, de todos los que obran en nuestro poder, terminan resultando adjudicatarias», ha sentenciado la dirigente del PP, para quien este asunto «huele muy mal» y es «muy preocupante en términos de transparencia y honorabilidad».
«Al Partido Popular, como a cualquier ciudadano en base al sentido común, todo nos lleva a pensar que estamos ante una trama de adjudicación de contrataciones viciadas», ha dicho González Revuelta, quien ha señalado que se sospecha que lo descubierto «sólo es la punta del iceberg, puesto que no todos los ayuntamientos han facilitado la información que han reclamado ni el Gobierno de Cantabria ha enviado al Grupo Parlamentario Popular la documentación requerida sobre este asunto».
Además, tampoco se conocen aún las conclusiones resultantes de la investigación interna iniciada de oficio por la Inspección General de Servicios del Gobierno de Cantabria.
«Tres semanas después la historia, que sepamos, sigue en eso, en un anuncio. Ni la señora Paula Fernández ni ningún otro miembro del Gobierno ha dado a conocer las conclusiones de dichas averiguaciones. Por tanto, si finalmente no han llevado a cabo esa investigación, malo; si la han realizado y lo que impera es el silencio, la falta de transparencia y la absoluta opacidad, aún peor», ha sentenciado.
González Revuelta ha instado al PSOE a aclarar de inmediato el papel de Pablo Zuloaga en estos hechos –que ha tildado de «escándalo», no sólo en su calidad de secretario general del partido, sino como el máximo responsable del ala socialista del Gobierno de Cantabria.
La secretaria autonómica del PP ha dicho que su formación política todavía está analizando de la mano de sus servicios jurídicos toda la información que obra en su poder y no descartan poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía a fin de defender el dinero público y el interés general.
Y ha advertido de que este caso recuerda a la trama de corrupción que el PP destapó la pasada legislatura en el Servicio Cántabro de Salud y que terminó en condenas de 11 y 14 años inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público por prevaricación en la adjudicación de contratos menores para sus principales responsables.
«Lo que tenemos muy claro es que a la puerta que no vamos a llamar es a la de Miguel Ángel Revilla. Entonces Revilla dijo que todo era una novela, se lavó las manos y nos dio con la puerta en las narices. Bramaría mucho, habría un sinfín de aspavientos y, como siempre, terminaría no haciendo nada», ha concluido.
