Cepyme avisa de que el alza del SMI afectará al 40% de las pymes y pide al Gobierno que deje de subir costes

Critica que las subidas del SMI no se liguen a la productividad, que desde 2016 cayó un 3,6% en las pymes, mientras el SMI aumentó un 65%

La patronal Cepyme ha advertido este martes de que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros mensuales acordada entre el Gobierno, CC.OO. y UGT para este año afectará al 40% de las pequeñas y medianas empresas, frente al 15% del total de empresas españolas.

La organización que dirige Gerardo Cuerva ha denunciado que mientras el SMI ha subido casi un 65% desde 2016, desde los 655 euros mensuales en 14 pagas a 1.080 euros en 2023, la productividad de las pymes en el mismo periodo, medida en términos de ventas reales por ocupado y ajustadas a la inflación, ha caído un 3,6%, en tanto que la productividad total de la economía ha descendido un 4,9%.

Por ello, Cepyme considera que la subida del SMI «rompe el principio de vinculación de las alzas salariales a la evolución de la productividad que marca el Estatuto de los Trabajadores», lo que perjudicará la situación de las pymes españolas.

Al mismo tiempo, ha alertado del «fuerte» aumento de los costes laborales que supone para las empresas la subida del SMI, pues produce «un efecto arrastre en el rango salarial» al influir en la subida de otros sueldos de personal de superior escalafón, cargo o antigüedad, y porque se convierte «en una herramienta de intervención» de algunas ramas de actividad.

En este sentido, argumenta que en sectores como la hostelería, el SMI supera el sueldo del 95% de los trabajadores. «Esa intervención se refleja también en el hecho de que la subida se impone sobre la voluntad pactada en los convenios colectivos y en que limita la autonomía del empresario para fijar las remuneraciones en función del entorno económico al que se enfrenta», explica.

A su vez, Cepyme advierte de que el alza del SMI supone también para el empresario «una fuerte subida de cotizaciones» a la Seguridad Social, en total del 28,37%, incluyendo otras novedades, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Así pues, denuncia que el último aumento del SMI, de 80 euros mensuales en 14 pagas para 2023, «se amplifica» a un coste mensual de 110,47 euros, incluyendo cotizaciones, de modo que un trabajador con el SMI costará este año a la empresa 1.485,68 euros más y el aumento a 1.080 euros mensuales en 14 pagas equivaldrá a 1.120 euros en cómputo de meses naturales.

Cepyme señala que también hay que tener en cuenta que en las Cuentas del Estado para 2023 se han incluido subidas de tipos y de bases de cotización, como el sobrecoste del 0,6% del MEI, la subida de las bases máximas en un 8,6%, y el repunte de las mínimas, cuyo incremento se determina con la subida del SMI.

«Pedimos poner fin a las incesantes subidas de cotizaciones que se han producido en los últimos años y que se suman a las aprobadas para 2023. En los últimos cinco años, el Gobierno ha elevado las bases mínimas de cotización en más del 47% y las bases máximas cerca de un 20%», ha criticado Cepyme, que ha añadido que son las empresas de hasta 50 trabajadores las que más sufren este aumento.

EL SMI ALCANZA EL 70,7% DEL SALARIO MEDIO QUE PAGA LA PYME

La organización empresarial asegura además que el nuevo SMI de 1.080 euros mensuales se sitúa en el 70,7% del sueldo medio de la pyme española, «muy por encima del objetivo de la Carta Social Europea» de que represente el 60% del salario medio.

En concreto, apunta que las pymes pagan una retribución media de 1.517 euros, inferior al sueldo promedio global, que se sitúa en el entorno de los 1.800 euros mensuales. «Esta tesitura se agrava en el caso de las pymes y microempresas de la llamada España vaciada, ya que para ellas competir vía costes es, en la mayoría de los casos, su único salvavidas», avisa.

Por último, Cepyme también alerta de que el aumento del salario mínimo «no es neutral para el mercado de trabajo», pues, según sus cálculos, la subida que ha experimentado desde 2018 ha provocado la destrucción de 105.800 puestos de trabajo y ha evitado la creación de 150.400 empleos.

«No sólo eso, sino que, de los 2,3 millones de trabajadores situados en ese tramo salarial, los más perjudicados por la sangría de empleo son, precisamente, los que más difícil tienen el acceso al mercado laboral, como los de baja cualificación, los jóvenes y las mujeres», concluye.