Junts pregunta a Irene Montero si ve «violencia sexual institucional» en el caso del policía infiltrado en Barcelona
La portavoz de Junts en la Comisión de Igualdad del Congreso, Pilar Calvo, quiere que el ministerio que dirige Irene Montero aclare si considera que el policía infiltrado en un centro okupado de Barcelona ejerció «violencia sexual institucional» contra las mujeres que le han denunciado.
Según una información publicada por el semanario Directa este agente ha estado los últimos tres años infiltrado en el centro okupa de La Cinètika, en Barcelona, y mantuvo relaciones con activistas para asistir a asambleas del movimiento anticapitalista.
Además de pedir la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto con los demás partidos independentistas, Junts quiere recabar la opinión de Igualdad sobre esta cuestión.
En concreto, Pilar Calvo ha registrado una serie de preguntas en el Congreso para que el departamento de Irene Montero explique si considera que se trata de un caso de «violencia sexual institucional», dado que el agente «que tuvo relaciones con las cinco mujeres denunciantes actuaba como agente del Estado y debía informar a sus superiores de su actividad y, presuntamente, éstos la toleraron».
En otra de sus preguntas, recogida por Europa Press, la diputada de Junts apunta que casos como este suponen un «ataque frontal» a las políticas de Igualdad del Gobierno, «puesto que se traslada a las mujeres la idea de que pueden ser utilizadas sexualmente, cosificándolas, degradándolas o maltratándolas psicológicamente bajo el amparo y la tolerancia del Estado».
¿LO SABÍAN SUS SUPERIORES?
De su lado, el portavoz de Interior de Junts, Josep Pagès, quiere que el ministerio de Grande-Marlaska explique si el los agentes infiltrados pueden establecer relaciones sexoafectivas durante sus investigaciones, si se trata de una práctica habitual, si en este caso sus superiores eran conocedores de estas relaciones y si se ha exigido alguna responsabilidad disciplinaria por ello a algún nivel.
«¿Considera el Gobierno que una conducta como la descrita merece ser recompensada con el premio de un destino privilegiado como es la adscripción a una embajada, con una remuneración de entre 10.000 y 20.000 euros mensuales», reza otra de las preguntas de Junts.
