El Gobierno de Antioquia denuncia que grupos armados captan menores en escuelas y violan el alto el fuego
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha denunciado que en varias localidades del departamento colombiano los grupos armados ilegales no solo han violado el alto el fugo bilateral pactado con el Gobierno central, sino que además llevan a cabo campañas de proselitismo y captación en las escuelas.
Gaviria, que ha omitido por el momento el nombre de los centros para proteger a los menores, sus familias y los docentes, ha informado de que estarían situados en zonas rurales de municipios como Yarumal, San Pedro de los Milagros y Campamento.
En total, serían tres centros educativos en los que estos grupos –y cita al Clan del Golfo, el Frente 36 de la disidencia de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional– habrían tanteado a cerca de 500 estudiantes, a los que habían entregado material escolar a cambio de agradecimientos que luego serían grabados en vídeo y difundidos a través de los canales de estas organizaciones armadas.
Estos vídeos y otras pruebas que han recabado serán enviados a los ministerios de Defensa, Interior y Educación, así como a la Fiscalía, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, e incluso a la delegación permanente de Naciones Unidas en Colombia, ha contado el gobernador Gaviria.
La información procede del último consejo de seguridad celebrado por las autoridades de la región, después de detectar también que los grupos armados ya mencionados que operan en la zona habrían violado el alto el fuego bilateral pactado a finales de diciembre de 2022 con el Gobierno de Gustavo Petro.
En ese sentido, Gaviria ha asegurado que los grupos armados están aprovechando los procesos de paz y de negociación a para ocupar nuevos espacios. Sin embargo, tal y como sostiene el Gobierno central, las operaciones contra ellos no han cesado a pesar de la tregua.
«Estas agrupaciones están aprovechando en forma flagrante el cese al fuego para ocupar más espacios y para hacer ostentación de su presencia, en detrimento de la población, de las comunidades, tanto en los centros urbanos de estas poblaciones rurales, como en las instituciones educativas que están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario», ha denunciado, informa RCN.
