El 80% de los letrados de Justicia de Cantabria secunda hoy la jornada de huelga, con 98 actos suspendidos

El 80 por ciento de los letrados de Justicia de Cantabria ha secundado este miércoles una nueva jornada de huelga, en la que se han suspendido 98 actos que se realizan con presencia judicial bajo la fe pública de estos profesionales (juicios, declaraciones de investigados o perjudicados…), mientras siguen acumulándose los actos y escritos judiciales pendientes.

Así lo ha informado Europa Press Julio Antolín, delegado en Cantabria del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, uno de los tres colectivos convocantes de la huelga.

La huelga arrancó el pasado 24 de enero y está convocada a nivel nacional por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Adminsitración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) en demanda de una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que entonces se les compensara.

De hecho, a nivel nacional, la huelga ha alcanzado este miércoles el que ha sido su máximo registro de seguimiento. Las asociaciones convocantes aseguran que un 84,6% ha participado en esta séptima jornada, mientras que desde el Ministerio de Justicia contabilizan un 32,73% de participación.

Es el dato más alto que ambas partes han comunicado desde que empezó el parón. Hasta el momento, las asociaciones convocantes habían cifrado entre un 73% y un 81% de seguimiento. El departamento dirigido por Pilar Llop había registrado una participación de entre un 18,9% y un 28,23%.

En un comunicado emitido este miércoles, las tres asociaciones –la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados– han asegurado que «la cuenta de consignaciones ha llegado estos días a los 5.000 millones de euros, cuando el saldo medio oscilaba en torno a los 4.500 millones de euros y ya se han suspendido más de 70.000 actuaciones judiciales a razón de 10.000 por día aproximadamente».

En este sentido, los convocantes han vuelto a reclamar que se «convoque urgentemente al comité de huelga para alcanzar un acuerdo en relación con los compromisos pactados en el mes de abril» con el Ministerio. «No vamos a cejar hasta que ello se produzca», han subrayado.

Además, han exigido «que sea el propio presidente Pedro Sánchez quien tome urgentemente cartas en el asunto para resolver el conflicto» ante la «inexplicable dejación de funciones» de la ministra y la «absoluta irresponsabilidad del secretario de Estado».

HUELGA «POLÍTICA»

Este mismo miércoles, el secretario de Estado de Justicia, Antonio Tontxu Rodríguez, ha reiterado que la huelga es una medida «política» y que está «fuera de lugar».

Ha incidido en que «cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tienen un sentido», puesto que el Ministerio «ha cumplido todos los acuerdos» alcanzados con la representación de estos trabajadores.

Rodríguez ha manifestado que los LAJ «cobra entre un 60 y un 83% de lo que cobra un juez o un fiscal», todo ello pese a que «nunca van a ser jueces y fiscales», dado que «han optado por una oposición que era de letrado de la Administración de Justicia».

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

En la séptima jornada de huelga cabe recordar que el conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que –denuncian– ha provocado un «insoportable desequilibrio».

Los convocantes señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».

Antes de que empezara la huelga, Llop pidió al comité de huelga que huyera de «posiciones maximalistas» porque impedían «buenos acuerdos», asegurando que su Ministerio negocia permanentemente con las distintas asociaciones de LAJ.

Además, enfatizó que estos funcionarios son un componente importantísimo para el buen funcionamiento del trabajo de juzgados y tribunales, para pedirles que sean conscientes de que quien ejerce una función pública lo hace para los ciudadanos.

Ese mismo día, desde el Ministerio remitieron una carta a los LAJ firmada por el secretario general de innovación y calidad del servicio público de Justicia, Manuel Olmedo, ante la «desinformación que aparentemente existe» sobre las actuaciones llevadas a cabo desde el departamento «en interés» del cuerpo.

Olmedo hizo un balance de los objetivos que propuso conseguir cuando asumió el cargo. Recordó que la primera medida, vinculada a la modificación de los reales decretos retributivos para hacer efectivo el acuerdo sindical adoptado en diciembre de 2021, se aprobó en abril de 2022 y representó un aumento con carácter retroactivo. «La plenitud de los efectos se reflejará en la nómina de este mes de enero, alcanzando un incremento de complementos de 206,87 euros», precisó