El CGE pide una reforma concursal con mayor exoneración del crédito público para la segunda oportunidad
El Registro de Economistas Forenses (Refor), órgano especializado en materia de insolvencias del Consejo General de Economistas (CGE), reclama una nueva reforma concursal que contemple una mayor exoneración del crédito público en los casos de segunda oportunidad.
De acuerdo con la última reforma concursal de 2022, en vigor desde finales de septiembre, la exoneración actual de las deudas contraídas con Hacienda y Seguridad Social es de 10.000 euros con cada una de estas dos entidades.
Para el Refor, estas cantidades deberían ampliarse en línea con lo establecido en la nueva Directiva de Insolvencia, que podría aprobarse en mayo y en cuyo artículo 56 se incluye una mayor exención del crédito público en los casos de segunda oportunidad para emprendedores de menor dimensión.
El objetivo de esta medida sería el de facilitar la reestructuración de las pymes, que concentran el 70% de los concursos de acreedores en España.
Durante una jornada de debate sobre la última reforma concursal, los economistas del Refor han abordado, junto a otros expertos, los aspectos más controvertidos de la norma.
El presidente del Refor, Miguel Romero, ha demandado una nueva reforma legal, que introduzca mayor flexibilidad y exoneración del crédito público. «Un tratamiento más flexible permitiría su utilización como instrumento de política de apoyo a la reestructuración empresarial», ha subrayado.
En cuanto a los créditos ICO, los economistas del Refor valoran de manera positiva la nueva redacción de la disposición adicional octava de la Ley Concursal -introducida en el decreto de respuesta a la guerra-, en la que se aclara la posición de los créditos avalados en el marco de los procedimientos concursales y de reestructuración, «quedando reducidos en este caso los habituales privilegios del crédito público».
En relación a los nuevos formularios electrónicos para los procedimientos concursales de microempresas, Romero ha señalado que, aunque su aplicación y modelos no estén todavía plenamente operativos, «las posibles asimetrías y discordancias se podrán ir solventando progresivamente».
«Quizá hubiera sido preferible haber dado un plazo mayor para su puesta en marcha, tal como recomendamos en su día desde el Refor», ha apuntado Romero, que ha pedido a la Administración que dote a los juzgados de más medios técnicos y humanos para conseguir que esta plataforma logre los objetivos de su creación: agilidad y ahorro de costes en el procedimiento de las microempresas que se ven abocadas al concurso de acreedores.
