El Pleno de Camargo aprueba desistir del contrato de basuras tramitado e iniciar en 30 días un nuevo expediente

Ello ha sido aprobado con los votos a favor de PRC –integrante del equipo de Gobierno–, del PP y Cs y la abstención de un edil socialista

CAMARGO, 18

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado con los votos del PRC –miembro del equipo de Gobierno local–; del PP y de Cs y la abstención de uno de los concejales socialistas el desistimiento del polémico contrato del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria y la formalización en un plazo de 30 días de un nuevo expediente.

La sesión, de carácter extraordinario, ha sido convocada a instancias del PP, PRC y Cs que suman 12 de los 21 concejales de la Corporación municipal que lidera la socialista Esther Bolado.

A los votos a favor de estos tres partidos se ha sumado la abstención del concejal de Obras, el socialista Íñigo Gómez, ha informado en un comunicado el Consistorio.

Los otros siete ediles del PSOE –incluida la alcaldesa– y el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Contratación, el exregionalista Héctor Lavín –expulsado de su partido por apoyar la propuesta de adjudicación del contrato a Urbaser– han votado en contra del desistimiento del contrato y del inicio del «procedimiento administrativo necesario» para formalizar un nuevo expediente de licitación del contrato de servicio de recogida de residuos y limpieza viaria en el plazo máximo de treinta días.

De esta forma, los tres partidos proponentes han logrado sacar adelante su petición con la que, según explicaron ayer en un comunicado, buscan «solucionar de una vez por todas» este problema que –indicaban– se lleva «arrastrando desde hace ocho años».

La adjudicación del contrato tramitado, valorado en 20 millones para los próximos ocho años, ha suscitado varios enfrentamientos en los últimos meses entre el equipo de Gobierno y la oposición e incluso entre los dos integrantes del bipartito, esto es el PSOE y el PRC.

También ha supuesto la expulsión del concejal Hector Lavín del Partido Regionalista por desoír las instrucciones de su partido y votar, junto al PSOE, a favor de la adjudicación del contrato a Urbaser. Sin embargo, éste sigue formando parte del equipo de Gobierno.

PRC, PP y Cs vienen denunciando «irregularidades» en el proceso de adjudicación del contrato y también «amenazas» de la alcaldesa, la socialista Esther Bolado, a los grupos políticos contrarios a adjudicar el servicio a esta empresa.

En la sesión celebrada hoy, la alcaldesa, Esther Bolado, ha opinado que ha sido «muy irresponsable» convocar el Pleno por parte de PRC, PP y Cs cuando –ha dicho– el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales «aún no ha resuelto las aclaraciones solicitadas por el Ayuntamiento en su última resolución sobre el asunto.

De hecho, ha afirmado que «había un informe de la jefa municipal de Contratación que recomendaba que no se celebrase este Pleno hasta que el Tribunal resolviera».

Bolado ha señalado que, en su última resolución, el TARC indicó que el procedimiento para la adjudicación del contrato estaba «mal» realizado, algo sobre lo que ha llamado la atención dado que, anteriormente, y, por tres veces, –ha indicado Bolado– el mismo tribunal había dicho que estaba «perfecto».

«Dos meses después y sin que nada pasase salvo el cambio de ponente el Tribunal dijo en su última resolución que el procedimiento estaba mal realizado», ha aseverado.

«Estamos a la espera de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nos responda a las aclaraciones que les hemos solicitado, que calculamos que llegarán ya en unos días», ha incidido Bolado y ha avanzado que una vez que se reciba esas aclaraciones «acataremos lo que el Tribunal indique sin ningún problema».

Además, ha señalado que aún no ha terminado el plazo para que las empresas que han participado en el primer procedimiento puedan recurrir por lo que ha advertido de que «si se empieza un nuevo procedimiento, se puede dar la paradoja de que el Ayuntamiento se encuentre con dos empresas adjudicatarias, con las graves consecuencias que ello podría acarrear para el Consistorio».